Autoridad de Transparencia supervisó adecuación de entidades públicas al procedimiento estandarizado de acceso a la información pública

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la información Pública (ANTAIP), del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), realizó una supervisión del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de 233 entidades de la Administración Pública obligadas por la normativa de transparencia y acceso a la información pública. También supervisó los progresos o retrocesos de las 218 entidades supervisadas el 2021 y 2022.

 

La supervisión tuvo por objeto verificar el cumplimiento de la obligación de adecuar su procedimiento administrativo estandarizado de acceso a la información pública en su TUPA, de acuerdo con el Nuevo Formato aprobado por el Decreto Supremo N° 164-2020-PCM. Asimismo, verificó el cumplimiento de la obligación de publicar su TUPA en el Portal de Transparencia Estándar (PTE).

 

Dicha adecuación es importante porque garantiza que las entidades no establezcan requisitos arbitrarios e ilegales o impongan costos irrazonables para reproducir la información a la que el ciudadano quiere acceder en el ejercicio de su derecho.  

 

Este estudio se realizó a partir de la verificación de TUPA publicados en los PTE de las entidades. Los resultados muestran que esta primera obligación fue cumplida sólo por el 24.46% (57 de 233) de la muestra, mientras que el 74.25% (173 de 233) no lo hizo. De estas 57 entidades, el 36.84% (21 de 57) sí adecuó en su TUPA –según el nuevo formato– el procedimiento de acceso a la información pública. En tanto, un 63.16% (36 de 57) no lo hizo.

 

¿Qué significa cumplir con el nuevo formato estandarizado? Cumplir con una “denominación” común del procedimiento, mismos “requisitos”, “plazos” y “base legal”, entre otros. El 80.95% (17 de 21) lo hace, mientras que un 19.05% (4 de 21) no. Se trata de las municipalidades provinciales de Chiclayo y Huamanga, el GORE de Áncash y la Universidad Nacional de San Martín.

 

En cuanto a los cobros por reproducción de la información, si bien el 71.42% (15 de 21) cumple con respetar los “costos de reproducción estandarizados”, un 28.58% (6 de 21) realiza cobros ilegales, estas son la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y del Valle (CD: S/ 3.00) y de San Martín (CD:S/ 2.20), las MP de Chiclayo (CD: S/ 2.00), Huamanga (CD: S/ 1.50) y Abancay (costo de copias según la cantidad de hojas), el GORE de Ancash (CD: S/ 2.00).

 

En cuanto a las 218 entidades supervisadas el 2021 y 2022, se evidencian algunos progresos el 2023. El 53.7% (117 de 218) cumple ahora con publicar su TUPA en el PTE; mientras que el 43.6% (95 de 218) no lo hace. El 2.7% (6 de 218) sí lo publica, aunque sin el procedimiento de acceso a la información pública; se trata del GORE de Tumbes, MP de Paita, así como las MD de San Juan de Siguas, Anco, Huambo y Alto Larán.

 

En cuanto al uso del nuevo formato TUPA para el procedimiento de acceso, el seguimiento muestra también un avance. Ahora un 35.1% (41 de 117) cumplió con implementarlo y un 64.9% (76 de 117) no lo hizo. En las supervisiones del 2021 y 2022 las cifras eran del 14.5% (17 de 117) y 85.5% (100 de 117), respectivamente. 

 

Y, en cuanto a los costos de reproducción en los TUPA de entidades adecuadas, hay una mejora significativa. El 85.4% (35 de 41) de entidades cumple con respetar el costo estandarizado por copia simple en A4, el 73.2% (30 de 41) cumple con respetar el costo estandarizado por reproducción en CD y el 68.3% (28 de 41) cumple con especificar la gratuidad del envío de información al correo electrónico. En las supervisiones del 2021 y 2022 las cifras eran del 75.6% (31 de 41), 48.8% (20 de 41) y 43.9% (18 de 41), respectivamente.

 

También se advierte una mejora significativa en la eliminación de cobros ilegales. Así, actualmente solo el 26.83% (11 de 41) realiza cobros ilegales. En las supervisiones del 2021 y 2022 la cifra era del 53.66% (22 de 41). Algunas de las entidades que mantienen cobros ilegales son: MP de Chincheros (CD: S/ 2.50), Chumbivilcas (copia certificada: S/ 0.50), MD de San Martin de Porres (copia simple A4: S/ 0.20), de Yarinacocha (cobro por solicitud S/ 0.10), Universidad Nacional Ciro Alegría (copia digital S/ 0.70), GORE La Libertad (entre otros, escaneo en A4: S/ 1.20).

 

El reporte también da cuenta de buenas prácticas implementadas por las entidades a favor del derecho de acceso a la información pública (costos inferiores al estandarizado hasta cierto umbral de hojas; gratuidad cuando el solicitante alcanza el soporte para la reproducción; entre otras). 

 

La ANTAIP exhorta a las entidades adecuar su TUPA de acuerdo con el Nuevo Formato del procedimiento administrativo estandarizado de acceso a la información pública, y le pide a la ciudadanía estar alertas en el cumplimiento de la estandarización establecida por el Decreto Supremo N° 164-2020-PCM. 

 

En el 2024 la ANTAIP continuará con esta supervisión nacional e integral para remover obstáculos en la satisfacción del derecho de acceso a la información pública. Se puede acceder al íntegro del reporte de supervisión ingresando al siguiente enlace