MINJUSDH apuesta por la prevención de trayectorias delictivas de los adolescentes en situación de vulnerabilidad

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) presentó esta tarde la Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal al 2030, documento que tiene como principal objetivo lograr la prevención y desistimiento de trayectorias delictivas por parte de las y los adolescentes en situación de vulnerabilidad.

En ese marco, la Política Nacional prevé la intervención y modificación de los contextos sociales vulnerables y de los factores criminógenos que explican los índices de violencia y delincuencia juvenil, así como el fortalecimiento el Sistema de Justicia Penal Juvenil peruano y la mejora de los servicios de reinserción social y resocialización efectiva de las y los menores.

Entre otros aspectos, en línea con la estrategia del gobierno para lucha contra la delincuencia, se busca fortalecer factores protectores en la población adolescente, como la familia, la comunidad y las instituciones educativas y de salud; y la implementación del Código de Responsabilidad Penal de adolescentes, través de estrategias y programas destinados a brindarles salidas alternativas y restaurativas al proceso judicial.

Se apuesta también porque las medidas socioeducativas que se implementan en la actualidad para 3,434 adolescentes a cargo del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), se orienten al reingreso del adolescente a la comunidad y la reconstrucción del tejido social, potenciando sus habilidades prosociales.

La directora general de Asuntos Criminológicos del MINJUSDH, Karina Chávarry, durante la presentación del documento, destacó que el diseño de esta política no hubiera sido posible sin la participación y compromiso de más de diez instituciones del sector público, ante cuyos representantes se presentaron los resultados hoy.

Recordó que la criminalidad y la violencia se presentan como los principales desafíos a enfrentar y que, en aras de asegurar la convivencia pacífica y el bienestar de la sociedad, resulta de primer orden orientar las políticas sobre la materia no solo a la eficiente persecución y sanción, sino también a la prevención, focalizando poblaciones vulnerables (niños, niñas y adolescentes) que por diversos factores se ven expuestos al delito.

En el marco de la presentación del documento, elaborado y aprobado por el MINJUSDH mediante Decreto Supremo Nº 009-2023-JUS, se informó que, en la actualidad, el número de adolescentes en conflicto con la ley penal asciende a 3,434; de los cuales 3,196 (93%) son varones y 238 (7%) mujeres. Asimismo, que 1,837 adolescentes cumplen medidas socioeducativas en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación; 1,597 en los Servicios de Orientación al Adolescente (SOA); y otros 403 en el Programa de Asistencia y Seguimiento Posterior al Egreso (PASPE).

En el acto de presentación participaron representantes del Ministerio Público, Poder Judicial, los ministerios del Interior, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Trabajo y Promoción del Empleo, Salud y Educación, así como DEVIDA, Pronacej, Defensa Pública del MINJUSDH, entre otros.