Grupo de trabajo aprueba informe final con propuesta para reestructurar y repotenciar el INPE

Nota de prensa
Documento fue entregado al ministro Eduardo Arana y contiene recomendaciones sobre integridad y lucha contra la corrupción, hacinamiento y condiciones de vida y reforma institucional.
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5 de octubre de 2023 - 8:53 a. m.

En el marco del cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 230-2023-JUS, el viceministro de Justicia, Walther Iberos, como presidente del grupo de trabajo para la elaboración de propuestas que coadyuven a la reestructuración y repotenciación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entregó hoy formalmente al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa, su informe final que fue aprobado con el voto unánime de sus integrantes.
Dicho documento contiene las conclusiones y recomendaciones en tres ejes estratégicos priorizados: integridad y lucha contra la corrupción, hacinamiento y condiciones de vida y reforma institucional.
En esa línea, el grupo presentó siete propuestas normativas, teniendo como base las facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo por el Congreso de la República, con énfasis en la priorización de proyectos de inversión para la construcción de Establecimientos Penitenciarios y una serie de medidas en materia de integridad, gestión de riesgos y sanciones administrativas y penales frente a hechos de corrupción.
Asimismo, en el documento se recomienda que, para aplicar las propuestas del grupo, se declare en emergencia el Instituto Nacional Penitenciario y se soliciten los recursos económicos para su cumplimiento.
El referido grupo de trabajo estuvo integrado por un representante del despacho ministerial del MINJUSDH, el presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario – INPE, la directora de la Dirección General de Asuntos Criminológicos, el director de la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria, la jefa de la Oficina de Integridad y Lucha contra la corrupción del MINJUSDH y el secretario técnico de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal.
Asimismo, se contó con la participación, en calidad de observadores, un representante de la Defensoría del Pueblo, de la Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS y del Comité Internacional de la Cruz Roja.