MINJUSDH presentó curso Empresas y Pueblos Indígenas en América Latina
Nota de prensa
4 de setiembre de 2023 - 12:46 p. m.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) presentó el curso “Empresas y Pueblos Indígenas en América Latina”, que busca propiciar el diálogo acerca de las prácticas empresariales de relacionamiento con pueblos indígenas y tribales.
El curso es una iniciativa de la Dirección General de Derechos Humanos del MINJUSDH, en coordinación con el Ministerio de Cultura y la Organización Internacional de Trabajo (OIT), en la meta de ayudar a las empresas a comprender la relevancia estratégica del buen relacionamiento con las comunidades indígenas del área de influencia de sus operaciones, así como dialogar sobre materias como conducta empresarial responsable y respeto por las normas y principios internacionales del trabajo y derechos humanos en línea con el Convenio de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
El curso se desarrolla en cuatro módulos. Introducción: Inicio de un proyecto exitoso y elaboración de un plan antes de ejecutar el proyecto; Línea base participativa: Entender los contextos y la cultura de los pueblos indígenas, cómo hacer la investigación, revisión documental y el trabajo de campo inicial; Identificación de impactos e intereses en la consulta previa informada: Comunicación e identificación participativa de impactos, detección de intereses compartidos, cómo traducir los intereses compartidos en función de la gestión del riesgo; y Seguimiento a los acuerdos: Rol del Estado y de la Empresa y mantenimiento del compromiso a largo plazo.
Los objetivos específicos del curso son familiarizar a las empresas con las razones de la vulnerabilidad histórica de las comunidades indígenas, con el significado de su cultura y del territorio como espacio vital; identificar los impactos de sus operaciones en el ámbito social, ambiental y en los derechos humanos de las comunidades indígenas; y concebir los impactos como oportunidades para imprimir sostenibilidad en las operaciones a través de una base participativa, contribuyendo así a la materialización de intereses compartidos y del derecho al desarrollo.
Asimismo, clarificar los roles del Estado y de la empresa cuando se trata de consulta previa; y demostrar buenas prácticas para un relacionamiento de largo plazo, mediante mecanismos de comunicación efectivos y transparentes.