Ministro Maurate: en Perú la peor vulneración de derechos humanos es la corrupción que genera pobreza

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate Romero, participó en la “II Reunión de Estados Parte del Acuerdo entre la República del Perú, la Confederación Suiza y el Gran Ducado de Luxemburgo sobre Transferencia de Activos Decomisados”, donde aseguró que su sector ha fortalecido de manera efectiva la lucha contra la corrupción y el crimen organizado empleando los fondos incautados a la organización criminal liderada por Vladimiro Montesinos Torres.

Dichos esfuerzos, añadió el titular del MINJUSDH, son fundamentales para enfrentar de manera drástica este flagelo que genera pobreza en el país. “Como todos sabemos, en el Perú la peor vulneración de derechos humanos es la pobreza y pobreza extrema, cuya causa fundamental es la corrupción que nos quita recursos para Educación, Salud, entre otros; que es lo que demanda la población. La corrupción no permite la competencia, de antemano decide quién gana las licitaciones públicas”, dijo para luego agradecer la cooperación tripartita para fortalecer la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

Asimismo, destacó que el uso de dichos activos decomisados permite promover una cultura de integridad; así como mejorar el marco regulatorio que minimice la corrupción y cambiar la percepción de la corrupción en nuestro país. En ese sentido, como una práctica de transparencia y rendición de cuentas, el ministro Maurate compartió los avances de la ejecución e implementación de los proyectos del MINJUSDH.

De esta manera, detalló que el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) administra y dispone de los bienes incautados por delitos de corrupción, para lo cual se implementa una infraestructura física y tecnológica adecuada, así como una solución interoperable.

En tanto, la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción fortalece sus procesos para implementar el Modelo de Integridad Institucional, potenciando su capacidad para la gestión de denuncias de actos de corrupción y de atención de solicitudes de acceso a la información.

Por otro lado, indicó que la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal optimiza y brinda herramientas metodológicas; asimismo, fortalece las capacidades de los operadores del sistema de Administración de Justicia en cuanto a la justicia penal con énfasis en los delitos de corrupción de funcionarios y crimen organizado con programas de capacitación.

De igual forma, el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos capacita a Oficiales de Integridad del Estado y a funcionarios públicos del sector Justicia a través del programa de Especialización en Integridad. Se ha previsto generar una oferta educativa que alcance a los servidores de todos los niveles de gobierno con nuevos cursos y talleres sobre la materia.

Asimismo, se ha implementado una estrategia comunicacional, que tiene por finalidad expandir la cultura de integridad y transparencia en el sector Justicia y Derechos Humanos; y se ha elaborado e implementado la primera biblioteca virtual del MINJUSDH especializada en temas de integridad pública y lucha contra la corrupción.

Por su lado, la Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa viene implementando una iniciativa para la conformación de una Red de Clínicas Jurídicas Anticorrupción, cuyo propósito es involucrar a los estudiantes universitarios en actividades de incidencia en la lucha contra la corrupción como la elaboración de amicus curiae (informes jurídicos), elaboración de propuestas de mejora normativa y elaboración de investigaciones sobre la judicialización de la corrupción en el Perú.

Asimismo, se viene desarrollado un Diagnóstico sobre ética y probidad en el ejercicio profesional del Derecho desde la información proveída por el Registro Nacional de Abogados Sancionados (RNAS), que permitirá desarrollar cursos de capacitación virtuales y presenciales sobre ética profesional que serán realizados en los colegios de abogados y en universidades.

Finalmente, la Dirección General de Asuntos Criminológicos, a través de la Dirección de Gracias Presidenciales, la Dirección de Política Criminológica, así como del Observatorio Nacional de Política Criminal y el Área Normativa, ha llevado a cabo talleres, capacitaciones, investigaciones y elaboración de proyectos normativos en torno a las temáticas anticorrupción, control disciplinario y ética, con la finalidad de fomentar la integridad y prevenir el delito en la administración pública.

En esta reunión participaron también Javier Arévalo Vela, presidente del Poder Judicial; Ana Cecilia Gervasi Días, ministra de Relaciones Exteriores; Paul Garnier; embajador de la Confederación Suiza en el Perú; Daniel Soria Luján, procurador General del Estado; Luis Miguel Iglesias León, secretario general de la Contraloría General de la República; Pascale Millim, consejera de la Dirección de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia del Gran Ducado de Luxemburgo; Christian Frutiger, vicedirector de la Cooperación Suiza – COSUDE; y Carlos Yalta Sotelo, coordinador ejecutivo del Programa Nacional de Bienes Incautados – PRONABI.