Comunicado

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

En conferencia de prensa realizada el 16 de febrero, la organización Amnistía Internacional, entidad de defensa de los derechos humanos con sede en diferentes países, presentó sus conclusiones preliminares sobre la compleja situación política y social por la que atraviesa el Perú.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) desea formular algunas precisiones respecto a lo expresado en dicha oportunidad:

El gobierno peruano aprecia el diálogo abierto sostenido el pasado 15 del presente entre la señora Dina Boluarte, Presidenta Constitucional de la República, con representantes de Amnistía Internacional, ocasión en la cual, entre otros, se ratificó el compromiso del Estado peruano con la promoción y protección de los derechos y libertades fundamentales, incluido el derecho a la protesta pacífica, diferenciándola de aquellos actos violentos orientados a afectar el orden constitucional y el estado de derecho.
El gobierno peruano lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas ocurrida en el marco de las protestas y actos vandálicos sucedidos con posterioridad al 7 de diciembre de 2022, sin embargo, es categórico al afirmar que en el Perú no existe una política de violación masiva y sistemática de los derechos humanos ni lo que han denominado un “racismo sistémico” en el actuar de las distintas autoridades.
En el contexto de las protestas y del estado de emergencia, las acciones emprendidas desde el Ejecutivo para restablecer el orden se han enmarcado en lo dispuesto en la Constitución, las leyes de la República y los instrumentos internacionales de los que el Perú es parte. Es preciso destacar que la Policía Nacional, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, se desempeñan de manera profesional a pesar de la compleja situación por la que atraviesa el país, buscando evitar en todo momento el costo social, así como un uso desproporcionado de la fuerza, realizando acciones no solo para preservar el orden e integridad de las personas y bienes estratégicos sino también para recuperar, por ejemplo, carreteras bloqueadas que tanto daño causan también a la población y a la economía del Perú.
El Ejecutivo viene brindando todas las facilidades para el desarrollo de las investigaciones por parte del Ministerio Público con el fin de identificar a los responsables de las graves afectaciones al derecho a la vida, como también a la propiedad pública y privada en los últimos meses. Corresponderá a las autoridades competentes, luego de conocido el resultado de las investigaciones, procesar y sancionar conforme a la normatividad aplicable. Todas las investigaciones se vienen desarrollando en el fuero civil.
En forma paralela al desarrollo de las investigaciones, bajo el liderazgo del MINJUSDH, en el mes de diciembre se creó la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal para el seguimiento de las acciones a favor de los deudos de las personas fallecidas y de las personas que sufrieron lesiones graves durante las movilizaciones, en el marco del compromiso del Estado frente a personas que atraviesan por una situación de vulnerabilidad. En esta Comisión participan como invitados representantes de la Defensoría del Pueblo, representantes de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en el Perú y el Consejo Interreligioso del Perú. Como primer logro de su labor, se entregará un apoyo solidario de S/. 50,000 soles por cada persona fallecida, y S/. 25,000 soles a los heridos de gravedad, civiles y policías que hayan quedado con alguna secuela, en el contexto de las movilizaciones realizadas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Asimismo, se identifican las necesidades de estas personas en temas de salud física y mental, educación, vivienda, agrarios, entre otros para poder brindarles atención integral.
Actuando con total transparencia, se extendió una invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a fin de que puedan realizar una visita al país. En tal sentido, entre el 11 y 13 de enero pasado tuvo lugar la visita de la CIDH, la misma que estuvo precedida de una misión técnica en el mes de diciembre y, los días 19 y 20 de enero, tuvo lugar la visita del señor Christian Salazar, enviado especial del ACNUDH. Para la realización de dichas visitas, el Estado peruano brindó todas las facilidades a fin de que puedan entrevistarse con autoridades, representantes de la sociedad civil y afectados por los lamentables sucesos.
El Gobierno peruano es consciente que, en el país, la lucha contra la discriminación es uno de sus mayores desafíos ya que la misma se encuentra arraigada en la sociedad y ha contribuido a acentuar las brechas de desigualdad. Debido a ello, en aplicación de la legislación nacional y los compromisos internacionales sobre la materia viene promoviendo acciones afirmativas parar avanzar hacia la construcción de sociedades más justas, pacíficas e inclusivas, tarea en la cual cuenta con la importante contribución de la Comisión Nacional contra la Discriminación – CONACOD creada en el 2013.
Desde el inicio de las protestas, el Ejecutivo ha mantenido una posición dialogante con todos los sectores de la sociedad, disponiéndose inmediatamente el viaje de los ministros a las zonas de mayor conflictividad con el fin de entablar un diálogo constructivo con los representantes de las comunidades afectadas y conocer de manera directa sus demandas, algunas de las cuales sobrepasan el ámbito social. A la fecha, se han instalado ocho mesas de diálogo, paz y gobernabilidad en las regiones de Loreto, San Martín, Amazonas, Ucayali, Pasco, Junín, Huancavelica y Huánuco.
La Defensa Pública del MINJUSDH garantiza el derecho a la defensa de las personas que participan en las movilizaciones sociales. En ese marco, ha brindado 115 atenciones a familiares de personas fallecidas y heridas en las movilizaciones en todo el país; así como atenciones legales a 432 personas detenidas, y en un trabajo conjunto con el Ministerio de Cultura se ha contado con traductores en quechua, aymara y asháninka, atendiendo bajo un enfoque plurilingüe. Durante el mes de diciembre, como parte de sus funciones cotidianas, la Defensa Pública brindó 20,800 consultas y 5,907 patrocinios, a través del servicio de asistencia legal y defensa de víctimas. Desde el servicio de defensa penal pública, entretanto, durante diciembre, brindamos 18,679 consultas y 11,632 patrocinios.

Frente a la actual coyuntura, el Gobierno peruano reitera su voluntad para desarrollar un dialogo nacional amplio e inclusivo con un enfoque intercultural y de derechos humanos, que permita alcanzar una salida consensuada a la difícil situación que atraviesa el país, preservando en todo momento el orden constitucional y el estado de derecho para, en la medida de sus posibilidades, atender las demandas insatisfechas de la población.

En dicho esfuerzo espera contar con el apoyo de la comunidad internacional y de organizaciones nacionales e internacionales comprometidas con el fortalecimiento de la democracia y la promoción y protección de los derechos humanos.