Procurador del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presenta al Tribunal Constitucional respuesta a demanda competencial

El Procurador Público Especializado en Materia Constitucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Luis Alberto Huerta Guerrero, llegó hoy hasta la sede central del Tribunal Constitucional (TC) para presentar los descargos del Ejecutivo frente a la demanda competencial por la disolución del Congreso que presentó el titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea.

De esta forma, Huerta Guerrero explicó que el máximo organismo constitucional deberá resolver respecto al derecho de la ciudadanía a decidir sobre la crisis política que se desarrolló en nuestro país entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo. Reconoció que esta es una situación inédita, pues a pesar de estar prevista en la Constitución, será la primera vez que esa institución se pronuncie sobre este aspecto.

“Cuando hay un conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso, la salida debe tener en cuenta a la población. Estos son hechos que antes no habían ocurrido. Por eso son importantes, porque demuestran la dinámica que debe tener la Constitución, que no puede ser entendida como cualquier otra norma jurídica. La Constitución es un elemento dinámico, que busca la defensa de los derechos de las personas y la participación ciudadana de todos en los asuntos público”, argumentó.

Según el procurador, unos aspectos que no toca la parte demandante es el análisis del artículo 134 de la Constitución Política del Perú que reconoce, justamente, las facultades del Presidente de la República de disolver el Parlamento en caso se produzcan dos negaciones de confianza al Consejo de Ministros. “La parte demandante ni menciona ese artículo ni se da cuenta que lo que ha ocurrido es una interpretación del mismo para, justamente, convocar a la población a que resuelva el tema de forma política”, señaló.

Huerta Guerrero aseveró que tras la presentación de la respuesta de parte del Ejecutivo, el pleno del TC deberá decidir cuándo será la audiencia pública o vista de la causa. Luego, dijo, se tiene un plazo de 30 días para que se pronuncie sobre el tema, pero dependerá de para cuándo se convoque a audiencia pública. “Esperamos que sea pronto porque hemos cumplido con presentar la demanda con bastante anticipación”, acotó.