Estado peruano realizará acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional a Azul Rojas Marín

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), en representación del Estado peruano, realizará este jueves 3 de noviembre un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional a la señora Azul Rojas Marín, quien el 25 de febrero de 2008 fue detenida por agentes policiales, llevada a la Comisaría de Casa Grande y, luego, sometida a una serie de actos vejatorios.

El acto de reconocimiento se realizará en cumplimiento de las medidas de reparación dispuestas en la sentencia de la referida Corte Interamericana (Corte IDH) del 6 de abril de 2020, que declaró la responsabilidad internacional del Estado peruano por la violación de varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Asimismo, en línea con un pilar fundamental de la gestión liderada por el ministro Félix Chero Medina, que es hacer llegar la justicia de manera irrestricta a todos los peruanos y las peruanas.

Al momento de la intervención, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los efectivos golpearon a Azul Rojas Marín y la obligaron a subir a un vehículo policial usando palabras despectivas, por su orientación sexual y, durante la detención, fue desnudada forzosamente, golpeada en varias oportunidades y víctima de tortura y violación sexual, con el uso de una vara policial. Permaneció en la comisaría hasta las 6 de la mañana, sin que se registrara su detención.

Luego que las acciones judiciales iniciadas por la víctima, en febrero de 2008, terminaran archivándose, el 15 de abril de 2009, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) y Redress Trust presentaron la petición inicial ante la Comisión Interamericana en Derechos Humanos (CIDH), en representación de las presuntas víctimas.

En ese marco, el 22 de agosto de 2018, la CIDH sometió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), debido a “la necesidad de obtención de justicia para las víctimas” y, el 6 de abril de 2020, esta instancia internacional notificó la sentencia del caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú, al Estado peruano.

En esta sentencia, la Corte IDH declaró la responsabilidad internacional del Estado peruano por la violación de los artículos 5 (derecho a la integridad personal), 7 (derecho a la libertad personal), 8 (garantías judiciales), 11 (derecho a protección de la honra y de la dignidad) y 25 (derecho a la protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Además, ordenó el cumplimiento de un conjunto de medidas de reparación.

En sede interna, el 12 de marzo de 2020, el Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado emitió la Resolución N° 01-2022-PGE/CD, sobre determinación de las entidades responsables para dar cumplimiento a las medidas de reparación ordenadas en la sentencia.

Entre estas, se dispone que el MINJUSDH, sin perjuicio de contar con la participación de representantes del Ministerio del Interior (Policía Nacional), Ministerio Público y Poder Judicial, como parte del punto resolutivo 11 y los párrafos 233 y 234 de la sentencia de la Corte Interamericana, realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.

Entre las medidas de satisfacción dispuestas, con el fin de reparar el daño causado a las víctimas y de evitar que hechos como este se repitan, la Corte IDH ordenó la realización del mencionado acto público de reconocimiento, en el cual se deberá hacer referencia a las violaciones de derechos humanos declaradas en la sentencia.

Asimismo, dispuso que dicho acto se lleve a cabo mediante una ceremonia pública en presencia de altos funcionarios del Estado y las víctimas o sus representantes.

Cabe destacarse que, con la ejecución de esta medida de reparación, el Estado peruano manifiesta su estricta observancia al cumplimiento de las sentencias que emite la Corte IDH.