Presentan estudio con recomendaciones para fortalecer régimen sancionador en materia de transparencia y acceso a la información

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) presentó hoy un estudio que aporta recomendaciones para fortalecer el régimen sancionador en materia de transparencia y acceso a la información pública, y advierte la necesidad de dotar de capacidad sancionadora al órgano garante del derecho de acceso a la información pública, de acuerdo con los estándares internacionales.

 

 

Quispe de Los Santos dijo que en un buen gobierno la ciudadanía tiene derecho de acceso a la información pública, lo cual se encuentra regulado en la Constitución Política. “Ello exige que los funcionarios informen sobre cómo se desempeñan en sus cargos y cómo ejecutan los recursos públicos. Por ello, toda la información que sustenta estas decisiones, y que obra en las entidades del Estado, debe ser accesible a la ciudadanía”.

 

También subrayó que toda conducta que suponga limitar indebidamente aquella transparencia gubernamental no puede tolerarse ni quedar impune. “Ante ello, las entidades deben ejercer con determinación y eficacia la potestad sancionadora regulada profusamente en el título V de la Ley de Transparencia y Acceso la Información Pública, y título VII de su Reglamento”, precisó. 

 

El viceministro concluyó su intervención afirmando que “la instalación de una cultura de transparencia en el Perú y la garantía del derecho de acceso a la información pública son propósitos máximos al que debemos aspirar como sociedad, sobre el cual no se debe escatimar ningún esfuerzo”. 

 

Participaron de la inauguración de la conferencia virtual el director general de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Eduardo Luna; así como la directora (e) de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Marcia Águila. Los comentarios estuvieron a cargo de Diego Zegarra, profesor principal de Derecho Administrativo de la PUCP; y Dania Coz, jefa de la Unidad de Transparencia y Derechos Fundamentales del Estudio Iriarte & Asociados. 

De la revisión de un total de 49 procedimientos sancionadores, se advirtió que el origen mayoritario de estos es la denuncia ciudadana, la cual representa un 61%, seguidamente de la petición motivada de otros órganos, que representa un 39%, a pesar de que la norma también dispone que puede originarse por iniciativa de la propia autoridad instructora de la entidad o por orden superior.

 

Las infracciones más recurrentes se refieren a la atención extemporánea de las solicitudes, la omisión de respuesta a la solicitud e impedir el cumplimiento de las obligaciones del funcionario responsable de acceso de la información por parte del poseedor que no remite la información.

 

Finalmente, se plantea como agenda pendiente la homogenización de los criterios en torno a la aplicación de las normas procedimentales, así como la necesidad de propiciar cambios normativos que busquen determinar el procedimiento para la imposición de sanciones, tipificación de conductas no reguladas y el otorgamiento de capacidad sancionadora a la ANTAIP.  

 

Para acceder al documento puede hacer click aquí: https://bit.ly/3DUUKZa