Ministro Félix Chero expuso avances de su gestión en materia de acceso a la justicia y defensa de los derechos humanos en el país

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero Medina, expuso hoy ante la Comisión de Justicia del Congreso de la República los ejes centrales de su gestión, así como los avances en las políticas públicas que impulsa su sector en materia de acceso a la justicia y defensa de los derechos humanos.

Durante su intervención, enfatizó que el Estado es uno solo y, en ese marco, expresó su deseo de avanzar en un trabajo conjunto con el fin de atender las necesidades del país.

En materia de servicios de justicia al ciudadano, destacó la labor que desarrolla la Defensa Pública del MINJUSDH, que brindó 365,094 patrocinios entre enero de 2021 y julio de 2022.

Asimismo, subrayó que en el periodo enero - julio de este año, la Defensa Pública ofreció 608 patrocinios a favor de personas víctimas de trata, 352 patrocinios a personas con discapacidad, 8,320 patrocinios a personas adultas mayores, y 517 atenciones a víctimas de violencia familiar.

En lo que corresponde a conciliación extrajudicial, dijo que en el año 2021 se realizaron 695 procedimientos conciliatorios, servicio que su sector brinda de manera gratuita a la ciudadanía, aspirando a una justicia de paz.

Luego, resaltó que a través del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) se viene asistiendo y apoyando a instituciones que atienden a poblaciones vulnerables y a las que luchan contra la delincuencia común y el crimen organizado. Durante la actual gestión del MINJUSDH se entregaron en custodia, con fines de asignación temporal, 667 bienes, entre inmuebles, muebles y vehículos, a diferentes instituciones públicas.

Agregó que desde la SUNARP, organismo adscrito al MINJUSDH, se han emprendido acciones extramuros con programas que acercan sus servicios a la población, mediante herramientas como “Sunarp PROTEGE”, publicidad mediante Agente Automatizado, nuevos medios de pago implementados en los servicios registrales, constitución de empresas a través de las SACS, servicios virtualizados y disponibles a través del SPRL, la tarjeta de identificación vehicular electrónica (TIVE) y la presentación electrónica de títulos por parte de entidades estatales.

Respecto a la política criminológica y reinserción social, señaló que se ha puesto atención a la Política Nacional Penitenciaria, a cargo del INPE, y que se han formado equipos técnicos para reactivar el programa Cárceles Productivas y las visitas de familiares programadas. Destacó que hace más de un año no se registra ningún motín en los penales.

En cuanto a la población penal, dijo que a la fecha 15,580 están matriculados en los centros de educación y 23,348 internas e internos trabajan. Añadió que 26 empresas han apostado por el programa Cárceles Productivas y que se cuenta con 400 talleres productivos que capacitan y generan empleo en los penales.

En relación con la atención frente a la pandemia, anotó que, a la fecha, no se registran fallecimientos en los penales y que los 588 contagiados reciben atención médica y están debidamente controlados. “El riesgo de pandemia en los penales está controlado”, enfatizó.

Como resultado de la política de vacunación contra el Covid-19 para los internos de centros penitenciarios, se registra un 98.45% de cobertura nacional con la primera dosis; 97.30% de cobertura con la segunda; 94.24% con la tercera y 43.22% de cobertura con la cuarta dosis de la vacuna.

De otro lado, informó que se tiene 24 proyectos de Ley presentados por el Poder Ejecutivo que se encuentran en trámite en el Congreso de la República, elaborados por el MINJUSDH. De ese total, 14 se encuentran en trámite ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Entre estos mencionó la iniciativa que modifica el delito de minería ilegal previsto en el artículo 307-A y sus formas agravadas, el proyecto que establece restricciones en el uso de motocicletas en zonas urbanas con alto riesgo de victimización delictiva, la propuesta que crea y regula el beneficio penitenciario de libertad vigilada humanitaria de la pena, y el proyecto que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal.

Sobre el eje derechos humanos, refirió que se avanza en la implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021 - 2025 y, respecto al Plan Integral de Reparaciones, que destina 10 mil soles por afectación, indicó que a setiembre de 2022 atendió a 86,957 víctimas, por más de 329 millones de soles, lo que representa un avance de 99.1% respecto al total de inscritos en el Registro Único de Víctimas.

Con el programa de reparaciones colectivas, a setiembre de 2022, entretanto, se atendió a 4,307 comunidades y organizaciones con el financiamiento de proyectos, con una inversión de 598 millones de soles por parte del gobierno central y los gobiernos locales.

Finalmente, destacó que su sector ha sido reconocido por buenas prácticas en gestión pública. El Sistema de Información Estadístico Penitenciario (SIEP) del INPE obtuvo el premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 2022, otorgado por Ciudadanos al Día, en la categoría Transparencia y Acceso a la Información Pública; y La Tarjeta de Identificación Vehicular Electrónica (TIVE) quedó como finalista del Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 2022, reconocida como un servicio descentralizado, económico y sostenible.