MINJUSDH presenta documento que coadyuva a construir y organizar información útil para la comprensión del fenómeno de la tala en el país

El documento “La Tala en la Amazonía peruana”, elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), a través de su proyecto Prevenir busca construir y organizar información útil para la comprensión de este fenómeno que acarrea muchos problemas, destacó esta tarde el viceministro de Justicia, Jimmy Quispe De Los Santos.

 

Señaló que este instrumento es resultado de un largo e importante trabajo de articulación entre las instituciones del aparato estatal y las instituciones de la cooperación técnica internacional, y suma más y mejor información obtenida directamente de los actores presentes en las tareas de fiscalización y sanción ambiental, tanto como de aquellas que son rectoras en temática ambiental, y abre un camino de esperanza y de mayor compromiso de cara a la defensa de una tierra que nos pertenece a todos. 

 

El documento, en sus conclusiones, revela, entre otros aspectos, que los actuales esfuerzos de control de los bosques y de los recursos madereros en el país se concentran especialmente en componentes ambientales (fiscalización administrativa), pero no brindan la misma importancia a la dimensión sancionadora o preventiva del delito.

 

Asimismo, en términos de sanción, la investigación encontró que la mayoría de las penas impuestas por delitos de tala ilegal son suspendidas en su aplicación, afectando a la finalidad disuasiva de la pena, ello sin contar las débiles reparaciones civiles que no alcanzan a equiparar el daño ni afectar a los autores.

 

Revela también que, aunque existen instrumentos normativos de política en temática forestal, estos no cuentan con componentes de diagnóstico y evidencia que permitan hacer evaluaciones, monitoreo o seguimiento tras su aplicación.

 

Además, que el delito de tala ilegal se encuentra en un momento de expansión y se sostiene en la debilidad institucional asociada a marcos normativos engorrosos, ausencia de una política forestal integral y de mejores procesos de monitoreo y evaluación forestal, principalmente.

 

Plantea, en ese marco, que existen posibilidades de conseguir mejores resultados de lucha contra la tala a partir de establecer la trazabilidad del recurso maderable (origen-destino), mecanismo que se encuentra aún en implementación.

 

La investigación estuvo a cargo del Observatorio Nacional de Política Criminal – INDAGA, de la Dirección General de Asuntos Criminológicos del MINJUSDH; y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) - Proyecto Prevenir.

 

En el acto de presentación participaron Beyker Chamorro, director general de Asuntos Criminológicos del MINJUSDH; Hugo Che Piu, líder de análisis y reforma legal del Proyecto Prevenir de USAID; Danilo Espinoza, coordinador de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio del Ambiente; Lucetty Ullilen Vega, jefa del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR; y Kerry Reeves, subdirector de la Oficina de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de USAID.