MINJUSDH lidera diálogo virtual de “Lucha Contra la Corrupción y Conducta Empresarial Responsable”

El viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Guillermo Vargas Jaramillo, junto a miembros del Proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (CERALC), la Unión Europea y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lideraron este diálogo virtual que busca fomentar alianzas estratégicas entre el Estado, sector empresarial y sociedad civil. 

Vargas Jaramillo resaltó que, “El MINJUSDH viene desplegando diversos esfuerzos para difundir y formar capacidades en materia de empresas y derechos humanos en la ciudadanía, con la expectativa de consolidar una política general de gobierno respetuosa y protectora de los derechos humanos de las personas”. 

Como se recuerda, hace un año se aprobó el primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, instrumento de política pública resultado de un compromiso asumido por el Estado peruano en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. En tal sentido, Jaramillo destacó la importancia de la implementación del referido Plan para garantizar los derechos de los trabajadores en el ámbito empresarial. 

Además del respeto que los actores empresariales deben observar sobre los derechos humanos, en el diálogo virtual se abordaron temas como la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción, como parte de una conducta empresarial responsable.

Bajo este marco, se recordó que la encuesta nacional del 2013 denominada, “Lucha contra la corrupción desde el sector privado”, realizada por encargo de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, permitió identificar al pago de coimas y sobornos, el tráfico de influencias y la evasión tributaria, como las prácticas irregulares o de corrupción más recurrentes.

En ese contexto, desde el sector se expresó el compromiso de continuar trabajando para sumar los esfuerzos del Estado, las empresas y la sociedad en general para consolidar la implementación y el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, a través de la concreción de mecanismos para la prevención de la corrupción.