MINJUSDH impulsa el fortalecimiento de la acción intersectorial del Estado para la protección de las personas defensoras de derechos humanos

El Poder Ejecutivo publicó el Decreto Supremo Nº 002-2022-JUS, que fortalece la acción intersectorial del Estado para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, en especial de los defensores indígenas cuyas comunidades están afectadas por la presencia del narcotráfico.

Esta norma modifica el Decreto Supremo N° 004-2021-JUS, del 22 de abril de 2021, que creó el Mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos y estableció medidas para la prevención, protección y el acceso a la justicia frente a los riesgos que afrontan, cuya coordinación lidera el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).

En ese marco, el DS incorpora mejoras a la normativa, como la inclusión de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) en el Mecanismo, lo que permitirá dar prioridad a las intervenciones que realiza este organismo en la lucha contra el narcotráfico en aquellas comunidades nativas donde se han registrado riesgos contra defensores indígenas.

Asimismo, la norma precisa que el Ministerio del Interior es la entidad encargada de aprobar los lineamientos para la implementación de las medidas de protección y medidas urgentes de protección a cargo de la Policía Nacional, con lo que se les dará viabilidad, fortaleciendo las coordinaciones entre el MINJUSDH y el MININTER.

Las modificaciones, de igual modo, permitirán al MINJUSDH asegurar la pronta atención de las solicitudes de activación del procedimiento de alerta temprana que no se encuentran debidamente fundamentadas, y evitar que los procedimientos queden inconclusos debido a la inacción del solicitante.

Actualmente, el Decreto Supremo 004-2021-JUS vincula a nueve entidades: los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Interior, Ambiente, Relaciones Exteriores, Energía y Minas, Cultura, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Desarrollo Agrario y Riego, así como la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, las que implementan medidas a favor de las personas defensoras de derechos humanos.