MINJUSDH ratifica ante la CIDH su compromiso de impulsar la política pública sobre empresas y derechos humanos

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) participó este martes 15 de marzo en la audiencia pública sobre la “Situación de las políticas sobre empresas y derechos humanos en Perú”, realizada a solicitud del Estado peruano en el marco del 183° periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 

El viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Guillermo Vargas Jaramillo, destacó el diálogo multiactor que caracterizó la elaboración en nuestro país del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA) 2021-2025, aprobado en junio de 2021, y el cual está basado en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, así como en otros estándares internacionales e interamericanos.

 

Recordó que el PNA busca consolidar la alianza estratégica entre el Estado, las empresas y la sociedad civil, para fortalecer la política pública sobre Conducta Empresarial Responsable. De esta manera, el objetivo es garantizar los derechos humanos de todas las personas en el ámbito de las actividades empresariales.

 

“El Estado peruano es consciente de los grandes desafíos del país respecto a la garantía de los derechos humanos en las actividades empresariales. Convencidos de ello, el PNA 2021-2025 orienta la intervención de diversas entidades del Estado, por lo que esperamos contar con la asistencia técnica de la Comisión (CIDH) para fortalecer nuestras estrategias en la implementación”, sostuvo el viceministro.

 

El comisionado de la CIDH Joel Hernández García saludó la iniciativa del Estado peruano por transparentar la formulación e implementación de sus políticas públicas, en particular el PNA 2021-2025, elaborado en coordinación con las empresas y la sociedad civil.

 

“No es frecuente que los Estados soliciten audiencias temáticas, y cuando lo hacen yo lo interpreto como una voluntad de hacer transparentes sus políticas públicas, y de dar la oportunidad para que se intercambien opiniones con la sociedad civil, como aquí se ha realizado”, destacó el comisionado.

 

En la audiencia pública participaron en representación del Estado, además del MINJUSDH, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y los ministerios de Relaciones Exteriores, del Ambiente, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y de Trabajo y Promoción del Empleo.

 

En representación de la sociedad civil participaron la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW) y EarthRights International.

 

Los representantes de la sociedad civil describieron las brechas que aún existen en materia de empresas y derechos humanos en el Perú, principalmente en relación con los pueblos indígenas y las personas defensoras de derechos humanos, las cuales deben ser superadas de manera articulada a través del PNA 2021-2025 y otras políticas de Estado.

 

De igual manera, Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para América del Sur, destacó la adopción de prácticas promisorias en materia de personas defensoras de derechos humanos.