Ministro Aníbal Torres Vásquez presentó balance de gestión del MINJUSDH correspondiente al periodo julio - diciembre 2021

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres Vásquez, presentó hoy el balance de gestión de su sector correspondiente al periodo julio - diciembre 2021, que incluye acciones desarrolladas por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), organismos adscritos a su cartera.

 

En ese marco, destacó el impulso de iniciativas para fortalecer la gobernabilidad, como el proyecto de ley presentado al Congreso que propone que la causal de vacancia presidencial por permanente incapacidad moral se sustituya por incapacidad mental. La propuesta, además, elimina la cuestión de confianza obligatoria y plantea que esta no proceda en temas exclusivos del Parlamento.

 

También del proyecto de ley que promueve la idoneidad de los candidatos a cargos públicos, el cual propone impedir que personas con acusación fiscal por delitos graves puedan postular a cargos de elección popular o ejerzan cargos de confianza. Esta propuesta también impide ejercer el cargo de ministro, miembro del TC y de la Junta Nacional de Justicia, contralor, defensor del pueblo, juez y fiscal supremo a quienes tengan una condena en primera instancia por la comisión de delito doloso.

 

Asimismo, el proyecto sobre la elección descentralizada de un integrante del JNE, con el voto de los agremiados y agremiadas de todos los colegios de abogados del país; y el proyecto para incrementar el número de plazas notariales y cada distrito cuente con un notario. De igual modo, resaltó la iniciativa legal que establece infracciones para los jueces y plantea sanciones como la suspensión y hasta destitución en caso incumplan con dictar sentencia en los plazos establecidos para los procesos sumarísimos como pensión de alimentos y desalojos.

 

Indicó, por otra parte, que se formalizaron 110 solicitudes de extradición y traslado de personas condenadas. El ministro informó además que la Defensa Pública del MINJUSDH brindó en este periodo 122,224 patrocinios en defensa penal, asistencia legal y defensa de víctimas; 242,460 consultas legales; 72,487 diligencias libres y realizó cinco megacampañas nacionales. 

 

Saludó también la aprobación del protocolo para la atención especializada de los casos de violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar, y refirió que mediante cinco ‘Conciliatones’ se desarrollaron 695 procedimientos conciliatorios. 

 

La Defensa Pública participó además en cuatro espacios de diálogo en Chumbivilcas, Espinar, Cotabambas y Ayacucho y a atendió a 879 personas en tres campañas itinerantes del Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO) en San Martin, Piura y Cusco; y, a través del MINJUSDH, suscribió un convenio con el CONADIS para promover el acceso a una justicia inclusiva, transparente y confiable para las personas con discapacidad.

 

De otro lado, indicó que, para contener la pandemia en los establecimientos penitenciarios, se ha logrado que el 98% de trabajadores del sector cuente con dos dosis de vacunas contra el Covid-19, en tanto el 65% ya ha recibido las tres dosis. El 97% de internos, entretanto, cuenta con dos dosis de la vacuna y se viene aplicando progresivamente la tercera dosis. Destacó el reinicio de las visitas presenciales.

En los centros juveniles de rehabilitación el 98% del total de adolescentes cuenta con la primera dosis de la vacuna y el 80% se ha recibido dos dosis. Además, 1,894 adolescentes se sumaron al Programa de la Educación Básica Alternativa, 829 a la Educación Técnico Productiva; 257 ingresaron a universidades e institutos; y 89 fueron insertados al ámbito laboral.

 

El MINJUSDH también ha iniciado la implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y DDHH, con el fin de promover el respeto de derechos, desterrar la discriminación, el trabajo infantil, combatir la informalidad, disminuir la conflictividad social y mejorar la competitividad.

 

El sector, además, ha logrado la restitución de restos y el entierro digno de 54 personas, víctimas del periodo de violencia y la ubicación de tres personas desaparecidas halladas con vida, así como el ingreso de 103 perfiles genéticos al Banco de Datos Genéticos para el cotejo e identificación de personas desaparecidas. Se ha implementado el mecanismo intersectorial para garantizar la prevención, protección y acceso a la justicia de personas defensoras de DDHH, con la articulación de ocho ministerios; y del Registro sobre situaciones de riesgo. 

 

El ministro informó luego que 516 comunidades y organizaciones de desplazados víctimas del periodo de violencia de 1980 al 2000 fueron atendidas en 13 regiones del país, se financiaron 41 proyectos productivos o de infraestructura para 41 comunidades y organizaciones de 9 regiones; en tanto 2,600 familias se beneficiaron con la entrega de 52 proyectos productivos.

 

Se impulsó el apoyo económico a los deudos de dos fallecidos y 28 heridos de gravedad en las movilizaciones de noviembre y diciembre de 2020, por un monto total de hasta S/ 800 mil; y la creación de la Comisión Multisectorial para el seguimiento y atenciones.

 

Desde la Sunarp, entretanto, mediante la plataforma ‘Síguelo’, se efectuaron 21’740,571 consultas de títulos (solicitudes de inscripción); 526,235 consultas de solicitudes publicidad; 7’705,915 solicitudes de publicidad no compendiosa (búsquedas de  índices, solicitudes de publicidad simple y certificada, etc.); 1’790,669 solicitudes de publicidad compendiosa; 1’436,526 títulos inscritos en los registros a cargo de la Sunarp  (compraventas de inmuebles o vehículos, primera inscripción de  inmuebles y vehículos, etc.), y se han expedido 807,614 Tarjetas de Identificación Vehicular Electrónicas (TIVe). 

 

A través del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), se transfirieron S/ 12’256,002 al Poder Judicial, Fiscalía y MINJUSDH para el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y crimen organizado, repatriados desde la Confederación Suiza y que fueron recuperados de la organización criminal liderada por Vladimiro Montesinos.  

 

Asimismo, cerca de 300 toneladas de insumos químicos fueron neutralizados, evitando su uso en la producción de drogas; se recibieron 599 bienes muebles e inmuebles producto de incautaciones en el marco de la lucha contra las organizaciones criminales; y 258 bienes se asignaron en uso temporal a la Policía, Ministerio Público, Poder Judicial, FFAA, centros de salud, entre otros.