Ministro de Justicia sustentó proyectos de ley para expandir el servicio notarial y dar celeridad a los procesos de alimentos

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres Vásquez, sustentó hoy ante la Comisión de Justicia del Congreso de la República dos proyectos de ley impulsados por este sector. El primero propone expandir el servicio notarial, eliminando barreras de acceso a estos servicios para la ciudadanía y, el segundo, busca promover medidas para una mayor celeridad y dotar de efectividad la ejecución de las sentencias de los procesos por alimentos.

En el primer caso, mencionó que la propuesta contempla la modificación de la Ley del Notariado, con el fin de incrementar el número de notarios en todo el país y que cada distrito a nivel nacional pueda contar por lo menos con uno, para lo cual se irían creando plazas progresivamente, en función de la magnitud de la actividad económica y la necesidad de los servicios notariales. Explicó que esto responde a que hoy los notarios son escasos y que incluso hay muchos distritos que no cuentan con un profesional en esa materia.

Precisó, asimismo, que las plazas notariales creadas o vacantes serán convocadas a concurso por el Consejo del Notariado, en un plazo no mayor de 30 días calendario. Transcurrido dicho plazo sin que el referido Consejo las convoque a concurso, la convocatoria la realizará el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).

Refirió que también se plantean cambios en el jurado calificador del concurso público de méritos, que debe estar integrado por el presidente del Consejo del Notariado, quien lo presidirá; dos representantes del MINJUSDH; el decano del Colegio de Notarios del Distrito Notarial para el que se convoca el concurso; y el decano del Colegio de Abogados de la localidad donde se ubica la plaza notarial, quien no podrá ostentar título de notario.

Se propone, además, incorporar otras causales de cese del notario: por haber cumplido 75 años de edad y en caso haya sido condenado en primera instancia por delito doloso (actualmente se prevé el cese por sentencia firme).

Con el segundo proyecto, entretanto, el ministro señaló que se sustrae del campo penal al campo civil la sanción por deudas por alimentos. De esta manera, el juez civil será el que ejecute coactivamente la sentencia, disminuyendo la carga procesal que tienen los jueces penales. Dijo que la aprobación de esta iniciativa permitirá acelerar los procesos y asegurar el pago de las deudas por alimentos. Asimismo, precisó que, según la propuesta, quienes incurran en incumplimiento de esta obligación no podrán acceder a ningún cargo público por elección, designación ni nombramiento. Para ello se plantea modificar el Código Procesal Civil, el Código Penal, el Código de los Niños y Adolescentes, y la Ley N° 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.