Titular del MINJUSDH da inicio oficial a proceso de implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres Vásquez, dio inicio oficial hoy al proceso de implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025, herramienta impulsada por su sector en el marco de un arduo trabajo colaborativo en el que participaron, desde enero de 2019, un total de 132 instituciones del Estado, el sector empresarial, los pueblos indígenas, el pueblo afroperuano, los sindicatos y la sociedad civil organizada, con el apoyo de organizaciones internacionales y de la cooperación internacional.

 

En su discurso, el ministro manifestó que este acto reafirma la plena voluntad política del gobierno por profundizar el diálogo y la coherencia de las políticas públicas como garantía para que el desarrollo económico del país sea indesligable de la protección de los derechos humanos, en especial de las personas más vulnerables. 

 

Refirió que el Plan Nacional de Acción, publicado en junio pasado, es el primero de su tipo en el Perú y el tercero de América Latina y de la Alianza del Pacífico, y que su objetivo es impulsar una alianza estratégica entre el Estado, las empresas de todo tamaño y rubro, y la sociedad civil, para garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos en el ámbito de las actividades empresariales. 

 

Indicó que la aprobación del Plan marca un hito en vista que, por primera vez, el sector empresarial se incorpora a la política pública de derechos humanos través de un conjunto de acciones colaborativas con el Estado y los actores sociales, para promover una cultura cada vez más sólida de debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos, como lo señalan los Principios Rectores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Empresas y Derechos Humanos, las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Declaración Tripartita de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 

Señaló también que el Plan es un elemento fundamental de éxito para los negocios, pues permitirá obtener y conservar una adecuada relación con su entorno social, atraer y conservar a personal cada vez más productivo, acceder a nuevos mercados y capitales, contar con primas de seguro más bajas, mejorar su capacidad de innovación y aceptación de sus productos y servicios, entre otras ventajas. 

 

“Asimismo, como Estado y como sociedad tenemos la obligación ética de hacer que el desarrollo económico tenga un impacto real, concreto, directo, en la mejora de la calidad de vida de todos y todas. Debemos ser cada vez más conscientes de que el desarrollo económico, para que sea útil, no debe quedarse solamente en números macroeconómicos. Debe traducirse, además, en trabajo decente, remuneraciones dignas, adecuadas condiciones de seguridad y salud en el trabajo, disminución de la informalidad, respeto a la diversidad y lucha contra el racismo en las relaciones laborales y de consumo, y en la publicidad”, puntualizó.

Las empresas públicas, en el marco del Plan y siguiendo las disposiciones del Fondo de Administración de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), implementarán también estos mecanismos, esta vez de naturaleza obligatoria, lo que reafirma el compromiso del Estado de liderar esta política pública con el ejemplo, como lo recomiendan los estándares internacionales. 

 

“Al dar inicio oficial a la etapa de implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025, hago un llamado a nombre del Estado peruano, a unir todos nuestros esfuerzos, los de las empresas y los de la sociedad civil, para hacer que este instrumento de gestión pública tenga éxito, y así continuar fortaleciendo la institucionalidad democrática de nuestro querido país”, anotó el ministro.

 

Destacó la presencia en el acto de hoy de representantes del sector empresarial, centrales sindicales, de los pueblos indígenas, y de organizaciones de la sociedad civil. 

 

En la ceremonia, realizada en la sede del MINJUSDH, participaron Jan Jarab, representante en América del Sur de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Ítalo Cardona, director de la OIT para la Región Andina; Gaspar Frontini, embajador de la Unión Europea en el Perú; Kate Harrisson, embajadora de la Unión Europea en el Perú; y Bettina Woll, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Perú.

 

Asimismo, Jorge Pérez, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP); Oscar Caipo, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP); Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú, y Abel Gilvonio, coordinador de la Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos.

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