Viceministro de Justicia destaca que acceso a la información pública en el país avanza de “nivel básico a uno intermedio”

El sistema de acceso a la información pública en el país avanza de un nivel básico a uno intermedio, gracias al funcionamiento activo del Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ambos adscritos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), afirmó el viceministro de Justicia, Fernando Castañeda Portocarrero.

Durante la inauguración del evento por el IV Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, organizado junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), orientado este año al tema “acceso a la información como un factor clave para no dejar a nadie atrás y para empoderar a los ciudadanos”, el funcionario enfatizó que debido a las demandas de la ciudadanía estamos por ingresar a responder solicitudes en materias especializadas, como por ejemplo, del Sistema de Justicia.

“Creemos que estamos en un nivel de modelo básico, que se perfila para entrar al modelo intermedio. Sentimos la percepción que existen determinadas materias especializadas que requieren ser abordadas. La Dirección General de Trasparencia ha manifestado su inquietud sobre cómo implementar acceso a información pública en el sistema de justicia, por ejemplo”, explicó.

Castañeda Portocarrero destacó que estos avances se dieron gracias a que el gobierno presentó una serie de proyectos de ley al Congreso, entre ellos el que logró el Decreto Legislativo N° 1353 que en el 2017 creó el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, encargados de garantizar el respeto al principio de transparencia y cumplimiento del derecho de acceso a la información pública.

Se debe resaltar que a 8 meses de instalado, el Tribunal de Transparencia resolvió 671 recursos de apelación interpuesto por la población, no obstante se estima que la carga procesal que tendría es de unos 6,300 recursos por año, teniendo en cuenta el número de las solicitudes de acceso a la información no atendidas reportadas en el último Informe Anual 2018 de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El viceministro de Justicia afirmó, también, que otro reto por enfrentar en el corto plazo es que las instituciones públicas de diversos niveles de gobierno (nacional, regional y local) introduzcan las modernas tecnologías para brindar servicios de transparencia y acceso a la información pública a la ciudadanía.

“En ese proceso estamos. Hace 20 o 25 años nadie se preguntaba cómo generar modelos amigables de presentación de acceso a la información pública, o como interoperar entre las entidades para recibir la información con mayor rapidez, o para proteger los archivos de información mediante dispositivos de seguridad para atender un pedido”, acotó.