Ministro Zeballos resalta la importancia de generar una cultura ciudadana de lucha anticorrupción

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos Salinas, resaltó hoy la importancia de generar una cultura ciudadana de lucha contra la corrupción, en salvaguarda de los intereses del Estado. Fue al inaugurar el seminario internacional “Responsabilidad Penal de las Empresas en los Delitos de Corrupción”.

En ese sentido, anotó que la lucha anticorrupción ya es una de las prioridades de los ciudadanos, sobre todo de los jóvenes que se expresan con libertad y compromiso en su quehacer diario.

“De un tiempo a esta parte, la corrupción ha pasado a ser uno de los principales problemas percibidos por la ciudadanía, incluso es un tema que ha superado a la inseguridad y por ello se amerita una respuesta del Estado en su conjunto", expresó el ministro Zeballos.

Resaltó también la existencia de un marco legal que ahora permite sancionar a las empresas involucradas en actos de corrupción. “Somos conscientes que a ciertos sectores desde el sector privado no les interesa que se profundicen las investigaciones, porque esto debela grandes responsabilidades. Este tipo de seminarios nos dan insumos para fortalecer la institucionalidad del país”, manifestó el titular del MINJUSDH.

En esta actividad participaron la Directora del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, Areli Seraya Valencia Vargas; el Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción, Amado Enco Tirado; el Docente en Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid y socio del Estudio de Abogados Pelayo, Clemente, Baos, Arturo Ventura Püschel; y el Docente en Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Rafael Chanjan Documet.

Este evento que se realiza entre el 16 y 17 de setiembre, permitirá actualizar los conocimientos de los profesionales en temas relacionados a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los procesos por corrupción, para los cual se analizarán los avances normativos y se identificarán las herramientas jurídicas necesarias para fortalecer la defensa de los intereses del Estado en casos de corrupción que comprendan a empresas.

Además, se dotará de información respecto al proceso de extradición como mecanismo de cooperación judicial internacional mediante un análisis de la legislatura y casos, a cargo de profesionales nacionales e internacionales, especialistas en la materia.