Comunicado

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Los ministerios del Interior, Justicia y Derechos Humanos y Ambiente frente a recientes ataques registrados contra las autoridades de la comunidad nativa kichwa Santa Rosillo de Yanayacu, del distrito de Huimbayoc, provincia y departamento de San Martín, informan lo siguiente:

Según información recabada, el pasado 17 de julio, ante la denuncia realizada por las autoridades comunales sobre la presencia de sembríos de coca, se produjo una inspección fiscal en el territorio de la comunidad para llevar a cabo una diligencia.
Ante dicha intervención, el 18 de julio se produjo una agresión contra el vice apu Quinto Inuma Alvarado, por parte de miembros de su comunidad, presuntamente, en represalia por la inspección promovida el día anterior. Como producto de las agresiones, el vice apu resultó con lesiones a la altura del pómulo y el ojo derecho, así como en el pecho, siendo incluso amenazado de muerte.
Ante la noticia del ataque, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos solicitó al Ministerio del Interior articular acciones en el marco de la alerta temprana emitida por la Resolución Directoral N° 003-2021-JUS/DGDH de 8 de febrero de 2021, al amparo del Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos, en favor del apu Manuel Inuma Alvarado y el vice apu Quinto Inuma Alvarado. A su vez, el Ministerio del Interior coordinó con la Policía Nacional del Perú, la misma que dispuso la intervención de la XI Macro Región Policial San Martín para brindarles protección.
El 24 de julio, efectivos de la Región Policial de San Martín trasladaron de la zona de riesgo a los dirigentes comunales y a sus familiares, los mismos que fueron puestos a buen recaudo y bajo resguardo policial.
Los ministerios del Interior, Justicia y Derechos Humanos, y Ambiente reafirman su compromiso de impulsar la atención de los problemas estructurales que originan los riesgos para los dirigentes de la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayaku, como la presunta realización de tala ilegal y sembríos ilícitos de hoja de coca, y contribuir para que las autoridades competentes concluyan con la titulación de su territorio comunal, al amparo del Mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2021-JUS y otras disposiciones específicas relacionadas con la atención de los problemas estructurales descritos.