Viceministro de Justicia resalta que el Gobierno busca fortalecer institucionalidad del país a través de la Reforma del Sistema de Justicia

El viceministro de Justicia, Fernando Castañeda Portocarrero, enfatizó que una de las medidas del Gobierno para fortalecer la institucionalidad en el país es la Política de Reforma del Sistema de Justicia, que ya se encuentra en marcha desde el año pasado luego que el Congreso de la República aprobó siete de los nueve proyectos de ley que en ese sentido presentó el Ejecutivo.

Explicó que esta política se encuentra en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030 aprobado por Decreto Supremo N° 237-2019-EF, publicado el 28 de julio de este año, el cual establece como objetivo prioritario número ocho: fortalecimiento de la institucionalidad y la reforma de la justicia.

Afirmó que quien se encarga de esta tarea es el Consejo para la Reforma, institución liderada por el Presidente de la República, e integrado por los titulares del Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, Academia de la Magistratura, entre otros.

“El Consejo ha tomado la posta de esos proyectos y viene elaborando una propuesta de política al respecto. Actualmente tiene por lo menos 120 medidas de reforma de corto, mediano y largo plazo, los cuales van a ser divididos en medidas que no impliquen desembolso de dinero, y otros que requieren de recursos del tesoro público”, manifestó.

Castañeda Portocarrero enfatizó que esta institución va a dar resultados en el corto plazo, con el objetivo de resolver los graves y crónicos problemas que padece el sistema de justicia nacional.

El viceministro de Justicia aseveró también que los ejes bajo los cuales trabaja el Consejo son: la generación de información y evidencia; políticas de acceso a la justicia; fortalecimiento de las investigaciones fiscales y los procesos judiciales, así como una reorganización de los recursos humanos.

Asimismo, establecer plazos razonables y racionamiento para la carga procesal; control del ejercicio y formación para la abogacía; medidas anticorrupción y control disciplinario y ético para jueces y fiscales; lucha contra la violencia hacia la mujer; y la interoperabilidad, que busca la eliminación de los expedientes en papel, para migrar hacia la modernidad.

En este último aspecto mencionó esfuerzos para establecer la firma digital y el expediente electrónico, porque eso genera dilación para avanzar en los expedientes y genera micro espacios de corrupción.