MINJUSDH capacita a notarios y notarias en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT)
Nota de prensaEl ministro informó que se proyecta alcanzar a 1 200 participantes este año, pues los operadores jurídicos del ámbito notarial constituyen actores claves para el sistema de prevención de LAFT.


10 de mayo de 2021 - 7:14 p. m.
El Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) organiza la primera edición del curso titulado “Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, dirigido a notarios y notarias, oficiales de cumplimiento y profesionales del derecho.
Este curso tiene como objetivo brindar información actualizada mediante el estudio y análisis de los mecanismos de prevención, detección e investigación del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, insertándose dentro de las metas establecidas en el Plan Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 2018-2021.
Así lo dio a conocer el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, que participó en la ceremonia inaugural y garantizó el compromiso del Ejecutivo con la lucha contra la delincuencia organizada y todas las formas de estructuras criminales que atentan contra el Estado de Derecho.
El titular del sector apuntó que nuestro país está seriamente afectado por el lavado de activos, producto de actividades ilegales como el narcotráfico y la corrupción. En ese sentido, destacó que el curso proyecta capacitar a 1 200 participantes este año, a quienes se les proporcionará herramientas para identificar las operaciones sospechosas que puedan estar relacionadas con el lavado de activos y que deben ser comunicadas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“En eI Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú, elaborado por la Unidad de UIF, se aprecia que los sectores más utilizados por el lavado de activos son el sector vehicular, el sector inmobiliario, el sector bancario y el sector notarial, este último, mediante operaciones relacionadas a personas jurídicas, como la constitución de empresas y los aumentos de capital”, informó el ministro de Justicia.
Asimismo, subrayó que, según el Informe de Inteligencia Financiera 2011-2020, de un total de 85 254 reportes de operaciones sospechosas, 22 171 fueron reportados desde las notarías, lo que “evidencia un importante compromiso institucional en la lucha contra el lavado de activos en el país, lo cual contribuye, a su vez, con el trabajo articulado de prevención y sanción realizado por otras instituciones como la Procuraduría Pública Especializada en Delito de Lavado de Activos”.
En esa línea, saludó los esfuerzos institucionales que permitieron que nuestro país mejore su ubicación en el ranking mundial de vulnerabilidad de un país frente al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como su capacidad para combatirlo, elaborado por el Basel Institute on Governance, escalando casi 50 puestos en el 2020 respecto del 2019; y agradeció el apoyo y compromiso de instituciones como la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), el Colegio de Notarios de Lima, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) y la Procuraduría Especializada en Delito de Lavado de Activos.
Finalmente, destacó que también se vienen realizando esfuerzos para fortalecer la recuperación de activos o bienes obtenidos con ganancias ilícitas provenientes de delitos cometidos contra el Estado, a través del sistema de extinción de dominio y el sistema de justicia penal, cuyos resultados permiten la administración de dichos bienes a través del Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI).
Los panelistas de esta edición fueron Israel Del Carpio, Coordinador del Área del Registro Nacional de Notarios del Consejo del Notariado del MINJUSDH, quien brindó una charla respecto de la actividad notarial frente el lavado de activos; y Sofía Ode, Notaria de Lima y representante de la Presidencia de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, quien disertó sobre función notarial y la prevención del lavado de activos en tiempos de la Covid-19.