Ministro Eduardo Vega: No se debe escatimar ningún esfuerzo para afianzar la cultura de la transparencia en nuestro país

Nota de Prensa
• El titular del sector Justicia estuvo a cargo de la inauguración del evento de presentación del Informe Anual sobre Solicitudes de Acceso a la Información Pública 2020.

4 de mayo de 2021 - 10:23 p. m.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega Luna, refirió hoy que una de las características de un Estado democrático es la transparencia en la gestión pública, lo que implica que los funcionarios informen a la ciudadanía sobre las decisiones que toman. 
 
“No se debe escatimar ningún esfuerzo para afianzar la cultura de la transparencia en nuestro país”, expresó el titular del sector Justicia, que estuvo a cargo de la inauguración del evento de presentación del Informe anual 2020 “Pedidos de acceso a la información tramitados por las entidades públicas”, organizado por el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos (CEJDH) en coordinación con la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ANTAIP). 
 
Vega Luna refirió que es necesario dotar a la Administración Pública de las herramientas necesarias para una gestión transparente, así como fomentar cambios positivos en los comportamientos y actitudes de las autoridades, funcionarios/as y servidores/as públicos. “Debemos recordar que la información pertenece a la ciudadanía. La información no es propiedad del Estado y el acceso a ella es un derecho fundamental”, apuntó. 
 
La charla, realizada en el marco del ciclo de Conferencias Martes de Justicia y Derechos Humanos del MINJUSDH, contó con el apoyo técnico del Proyecto Bridge de la OIT y estuvo orientada al funcionariado de las entidades de la Administración Pública y a la ciudadanía en general.
 
En la conferencia, se presentaron los principales resultados del informe anual, que da cuenta del nivel de cumplimiento de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
 
Participaron en el evento como comentaristas Eduardo Luna, Director General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; Mariana Llona, Especialista en Gestión Pública, Políticas Públicas y Modernización del Estado; Maruska Chocobar, Secretaria de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros; Loisith García, de la Secretaría General del Gobierno Regional de La Libertad; e Iván Lanegra, Secretario General de la Asociación Civil Transparencia. 
 
Durante su intervención, el ministro Vega Luna, informó que el documento da cuenta de que fueron 163,343 las solicitudes presentadas, mientras que un total de 410 entidades las que presentaron datos para el informe, que además contiene información relevante, como cuál es la información que requieren los ciudadanos con más frecuencia; cuáles son los motivos que han llevado a las entidades a la no atención de una solicitud; cuáles son las buenas prácticas que se vienen implementando para satisfacer en mejor grado el derecho de acceso a la información pública y qué necesidades reportan las entidades para atender debidamente las solicitudes.
 
También subrayó que el derecho de acceso a la información pública tiene particular relevancia durante la pandemia del COVID-19, aunque se ha verificado una disminución de las solicitudes de acceso respecto del año previo. En ese sentido, destacó que, desde el inicio del Estado de Emergencia, la ANTAIP exhortó a las entidades a generar un ambiente de información segura.
 
Sin embargo, muchas entidades públicas no contaban con plataformas digitales para la recepción de las solicitudes de acceso a la información. Además, no se contaba con un sistema virtual nacional para la recepción, atención y seguimiento de las solicitudes. Frente a ello, la ANTAIP, en coordinación con la Secretaria de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, viene trabajando para que el país cuente con una herramienta que acerque a la ciudadanía a sus instituciones y garantice el acceso a la información. 
 
Por su parte, el viceministro de Justicia, Felipe Paredes San Román, apuntó que el contexto del COVID-19 presentó nuevos retos para salvaguardar la transparencia, lo que llevó ainnovar frente a las diversas limitaciones, como la dificultad de desplazamiento o la falta de información digitalizada.  
 
“Los canales digitales se han presentado como principal vía de comunicación entre Estado y ciudadanía y el Estado debe embarcarse en un proceso de transformacion digital. Con el concurso de entidades dispuestas a fortalecer sus capacidades en esta materia podremos alcanzar niveles óptimos de transparencia”, sostuvo.