Ejecutivo aprueba Mecanismo para la prevención, protección y acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos

Nota de Prensa

22 de abril de 2021 - 2:22 p. m.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) publicó hoy el Decreto Supremo N° 004-2021-JUS, que crea el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos en el país, iniciativa que establece un conjunto de medidas e intervenciones coordinadas para la prevención, protección y acceso a la justicia para las personas defensoras de derechos humanos frente a agresiones, amenazas y situaciones de riesgo que afrontan en el ejercicio de sus labores.
 
El Mecanismo es vinculante para ocho ministerios y sus órganos adscritos: Justicia y Derechos Humanos, Interior, Ambiente, Cultura, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Relaciones Exteriores, Energía y Minas, y Desarrollo Agrario y Riego.
 
Del mismo modo, propicia la coordinación con niveles de gobierno regional y local, así como con actores de los órganos de administración de justicia. 
 
El decreto establece también un nuevo procedimiento de alerta temprana, con plazos breves para el otorgamiento de medidas de protección y medidas urgentes de protección frente a agresiones, amenazas o situaciones de riesgo, que se concreta con la emisión de una Resolución Viceministerial.
 
Además, dispone nuevas medidas de protección como la realización de patrullajes policiales, la entrega de visas especiales y el apoyo consular, la realización de supervisiones ambientales, entre otras, cuando se encuentran en riesgo derechos distintos a la vida e integridad personal. 
 
Como medidas urgentes de protección se encuentra la evacuación de la zona de riesgo y la protección policial personal, en caso se encuentre en grave riesgo e inminente la vida y/o la integridad de la persona defensora.
 
Finalmente, el Mecanismo fija una ruta para la articulación de esfuerzos con las entidades del sistema de administración de justicia para contribuir con el acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos, respecto de las investigaciones y procesos contra los presuntos responsables, así como para el fortalecimiento de capacidades en el conocimiento de estándares internacionales en la debida diligencia para la investigación de estos delitos.
 
El Decreto Supremo lleva la firma del presidente de la República y de los titulares de los ministerios del Ambiente, Cultura, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, Mujer y Poblaciones Vulnerables y Relaciones Exteriores.