MINJUSDH capacita a servidores penitenciarios en aplicación de procedimiento especial de conversión de penas y beneficios penitenciarios

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria y en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), continuó con el programa de capacitación para la debida aplicación del procedimiento especial de conversión de penas y beneficios, dirigido a servidores penitenciarios de todo el país.

El jueves 16 de marzo realizó la segunda capacitación en el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho y benefició alrededor de 60 especialistas de los órganos técnicos de tratamiento. La sesión duró aproximadamente 5 horas.

Este programa de capacitación, desarrollado en el marco de los Decretos Legislativos N° 1300 y N° 1296, se dio inicio en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Chorrillos, donde se capacitó alrededor de 70 servidores penitenciarios.

“Con estas capacitaciones esperamos que los operadores de las distintas instituciones que integran el Sistema de Justicia Penal lleguen debidamente preparados, ya que la finalidad de este programa es potenciar el trabajo que realizarán al momento de aplicar la nueva norma”, señaló Víctor Quinteros Marquina, director general de Política Criminal y Penitenciaria.

Cabe precisar que, el procedimiento especial de conversión de penas y beneficios penitenciarios, permitirá la reinserción social para aquellos condenados que hayan sido sentenciados a penas privativas de libertad no mayores de seis años y que cumplan con ciertas condiciones, entre ellas: no tener una sentencia por delito de crimen organizado, por homicidio calificado, secuestro o por tráfico ilícito de drogas.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene previsto continuar el programa de capacitación pero de manera articulada; es decir, junto a las demás instituciones que intervienen en la aplicación de estas nuevas normas: Poder Judicial, Ministerio Público y Defensa Pública de los distritos judiciales, fiscales y direcciones regionales, respectivamente, de todo el país.