Ministro Vega: Hay signos de esperanza y señales muy claras de que es posible trabajar en favor de una sociedad inclusiva y sostenible

Nota de Prensa
• Titular del MINJUSDH inauguró Mesa de Acción del ODS #16 sobre Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, organizada por Perú Sostenible, el sistema de Naciones Unidas de Perú y Perú2021.

23 de febrero de 2021 - 1:45 p. m.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega Luna, refirió hoy que, a pesar de la situación que enfrentan tanto el mundo como nuestro país en el marco de la pandemia de la COVID-19, hay signos de esperanza y señales muy claras de que es posible trabajar en favor de una sociedad inclusiva y sostenible.
 
El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) estuvo a cargo de las palabras inaugurales de la Mesa de Acción del Objetivo de Desarrollo Sostenible # 16 sobre Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, organizada por Perú Sostenible, el sistema de Naciones Unidas de Perú y Perú2021, la misma que fue realizada a través de la plataforma Zoom y transmitida en vivo mediante las redes sociales.  
 
En su participación, Vega Luna destacó que, en los últimos años, el sector privado ha venido realizando una serie de esfuerzos para mejorar sus mecanismos de debida diligencia en materia de derechos humanos, y que viene trabajando con el Estado, las organizaciones de la sociedad civil, los pueblos indígenas y los sindicatos, en la elaboración del primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos de Perú, a cargo de la institución que actualmente lidera. 
 
“Durante cerca de dos años, más de 130 instituciones de estos sectores vienen intercambiando puntos de vista y estableciendo vínculos de colaboración con el afán de consolidar una política pública de Conducta Empresarial Responsable, a partir de la incorporación de los estándares internacionales, en particular de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos”, refirió. 
 
Asimismo, subrayó que el plan busca fortalecer el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, contribuyendo a contar con instituciones estatales más sólidas que prevengan, aborden y reparen posibles vulneraciones de derechos humanos en el ámbito de las actividades empresariales. “Estamos convencidos de que un plan de acción en materia de empresas y derechos humanos puede contribuir con el desarrollo sostenible del país, con la construcción de un país más igualitario, más inclusivo y en el que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos”, agregó el ministro. 
 
Por otro lado, lamentó que la corrupción sistemática continúe actuando en el país en medio de la pandemia, provocando gran daño a las personas, las familias, la confianza en las autoridades y la gobernabilidad del país, y que las consecuencias de la emergencia  sanitaria sean agravadas por una crisis moral y ética de personas y de funcionarios/as que se aprovechan de sus cargos públicos por beneficios personales. 
 
En ese sentido, finalizó su intervenión afirmando que, en el año del Bicentenario, tenemos el deber de avanzar en la construcción de la paz, la justicia, la integridad y la construcción de instituciones sólidas, como una expresión de esperanza y de reafirmación de una ética pública al servicio de la ciudadanía, así como de una lucha permanente contra la corrupción.
 
Por su parte, Edgardo Rodríguez, director general de la Dirección de Derechos Humanos del MINJUSDH, dio alcances sobre la experiencia ganada en la elaboración de la política pública sobre empresas y derechos humanos, así como los principales hallazgos realizados. Rodríguez destacó la capacidad de interacciones entre diferentes actores y la importancia del trabajo multisectorial. 

Participaron también de la Mesa de Acción Dante Pesce, presidente del Grupo de Trabajo de Empresas y Derchos Humanos de Nacionales Unidas; Óscar Caipo, vicepresidente de Empresarios por la Integridad; Eloy Munive, secretario de Integridad de la Presidencia del Conejo de Ministros (PCM); Gonzalo Alcalde, jefe del equipo de la Oficina de Coordinación Residente del Sistema de Naciones Unidas en el Perú; y Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia.