Ejecutivo propone que ciudadanos con sentencia condenatoria en primera instancia no participen en elecciones generales

Las personas que cuenten con sentencia condenatoria en primera instancia, por delitos dolosos, cuya pena sea mayor de cuatro años, no podrán postular a la Presidencia o Vicepresidencia de la República, al cargo de congresistas o representantes del Parlamento Andino, y a ningún cargo público, según uno de los proyectos presentado por el Poder Ejecutivo para impulsar la reforma política.

Esta iniciativa tiene por objeto modificar la legislación electoral a fin de promover la idoneidad de los candidatos a cargos públicos de representación popular.

Asimismo, propone que sea obligatorio que los postulantes presenten su Declaración Jurada de Intereses, en la cual consignen las empresas e instituciones a las que estuvieron vinculados, al igual que su familia, para conocer de posibles conflictos. En la actualidad, este documento solo se presenta en el Poder Ejecutivo y la idea de la modificatoria a la Ley Electoral es exigirlo ahora desde la postulación de candidaturas a cualquier cargo público.

Además, la Declaración Jurada de la Hoja de Vida, que hoy ya presentan los candidatos, tenga información adicional, sobre la relación de sentencias condenatorias de primera o segunda instancia, aun si estas no hubieran quedado firmes, así como los procesos penales aún en trámite.

Esta iniciativa tiene dos alcances: restringir la participación de personas no idóneas y permitir que el elector conozca al candidato de su preferencia antes de emitir su voto.