Ministro Zeballos presentó en el Congreso informe sobre impacto y aplicación de la Ley 30737

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos Salinas, presentó hoy en la Comisión de Economía del Congreso de la República un informe pormenorizado sobre el impacto y la aplicación de la Ley 30737 --que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos--, al haberse cumplido un año de vigencia de esta norma.

“Venimos con la mejor predisposición democrática para informar, como manda expresamente la Ley, que al primer año de vigencia debemos dar cuenta de su aplicación e impacto económico”, indicó.

Al inicio de su presentación, el ministro recordó que ante las evidencias públicas de graves hechos de corrupción en torno a la empresa Odebrecht, el gobierno promulgó en febrero de 2017 el Decreto de Urgencia 003, con el fin de evitar la paralización de obras públicas y proyectos de inversión, fomentar la participación de nuevos inversionistas que no tengan vínculos con la corrupción y cautelar los pagos por reparación civil. Esta norma tenía una vigencia de un año.

Luego, el Congreso aprobó la Ley 30737, que reemplazó el DU 003, incluyendo medidas para garantizar el pago oportuno de las reparaciones civiles y evitar la ruptura de la cadena de pagos.

Posteriormente, mediante Decreto Supremo 096-2018, con fecha 09 de mayo del 2018, se publicó el Reglamento de dicha norma, el cual desarrolló la metodología para el cálculo de reparación civil y su posterior pago, la retención del precio de venta, la constitución de fideicomisos, entre otros.

Impacto

En ese marco, el ministro dio cuenta esta mañana del impacto de la norma en su primer año de vigencia, periodo en el que el MINJUSDH elaboró las listas de los sujetos comprendidos en las categorías 1, 2 y 3, las mismas que son puntualmente actualizadas cada fin de mes.

En la categoría 1 se incluyó a 56 empresas vinculadas con Odebrecht, empresa que ha admitido responsabilidad en la comisión de delitos contra la administración pública y otros. Para estas empresas, la norma prevé medidas administrativas tales como la suspensión de transferencias al exterior, la retención de aportes a ser pagados por entidades del Estado, la adquisición de bienes y retención del precio de venta en el Fideicomiso de Retención y Reparación (FIRR) y el mecanismo de anotación preventiva.

En la categoría 2 están incluidas siete empresas consorciadas con Odebrecht, a quienes la Ley 30737 obliga a constituir un fideicomiso de garantía, revelar información a las autoridades encargadas de la investigación, regulando además la suspensión de transferencias al exterior y la implementación de un programa de cumplimiento.

En la categoría 3, entretanto, se han identificado a 46 empresas con investigación preliminar o preparatoria, para las cuales la Ley considera el acogimiento voluntario y las obliga a constituir un fideicomiso de garantía, la implementación de un programa de cumplimiento y a revelar información a las autoridades.

A la fecha, el MINJUSDH ha recibido 129 solicitudes de transferencias al exterior de parte de empresas de las categorías 1 y 2, de las cuales 61 fueron autorizadas y 68 denegadas. Asimismo, atendió 65 solicitudes en la modalidad de adquisición y dación en pago.

En cuanto a la venta de la Empresa de Generación Huallaga, el MINJUSDH autorizó la operación en estricto cumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 30737 y su Reglamento, y con la participación de todas las entidades públicas involucradas: MEF, MINEM, Electroperú y la Procuraduría Pública Ad Hoc para el caso Odebrecht, a consecuencia de lo cual se depositaron 319’111,757 dólares en el FIRR.

Respecto a la implementación del FIRR de empresas de la categoría 1, al 30 de abril de 2019 se registran aportes por S/ 1,142’625,079 (incluyendo la venta de la central hidroeléctrica de Chaglla), que han permitido el pago de reparaciones civiles y deuda tributaria.

Sobre el uso de recursos del FIRR, al 30 de abril se cumplió con pagar S/ 52.7 millones para reparación civil y S/ 462.5 millones en obligaciones tributarias a la Sunat.

En el caso de la categoría 2, tres empresas han suscrito contratos de fideicomiso por S/ 107 millones.

La Ley dispone además para las empresas de la categoría 2 un programa de cumplimiento, con el fin de prevenir, identificar y mitigar riesgos relacionados con la comisión de delitos. Para ello, cada empresa ha acreditado esta obligación con el soporte de empresas consultoras especializadas.

El MINJUSDH ha cumplido así con dar cuenta del cumplimiento de las responsabilidades encomendadas en el marco de la Ley 30737 y su Reglamento.