Publican reglamento de Ley de Extinción de Dominio que fortalece lucha frontal contra la criminalidad
Nota de prensa
1 de febrero de 2019 - 5:00 p. m.
El Gobierno publicó hoy el Decreto Supremo N° 007-2019-JUS mediante el cual se aprueba el reglamento del Decreto Legislativo N° 1373 sobre Extinción de Dominio, que permite una lucha frontal contra el enriquecimiento de las organizaciones criminales y de las personas que realizan acciones que son contrarias al ordenamiento jurídico.
La norma complementa el decreto legislativo vigente, que dispone que los bienes de origen o fin ilícito deban ser revertidos al Estado. La norma se sustenta en una idea fundamental: que no puede adquirirse la propiedad ni derecho real alguno sobre bienes patrimoniales de origen o destino ilícito.
El reglamento de Extinción de Dominio tiene por objeto desarrollar el trámite procedimental así como las medidas necesarias establecidas en el Decreto Legislativo N° 1373 y permite establecer principios, medidas y procedimientos propios que diferencian el proceso de extinción de dominio de aquellos de naturaleza civil, penal o administrativa.
Uno de los objetivos principales es la erradicación directa del patrimonio obtenido ilícitamente por las organizaciones criminales, a fin de luchar directamente contra las mismas, siendo un proceso independiente de aquel en el que se determina la responsabilidad penal y la imposición de la pena.
Se establece una regulación estructurada por competencias de cada órgano, precisando sus atribuciones y delimitando criterios de actuación de fiscales y jueces, para lograr el éxito del proceso con la consecuente disminución del poder económico de las organizaciones criminales.
El reglamento desarrollo también las garantías procesales y presupuestos de procedencia, los derechos de defensa, a la prueba y a la pluralidad de instancias que forman parte del derecho al debido proceso.
Asimismo, desarrolla las reglas sobre la indagación patrimonial, establece los supuestos en los cuales el fiscal puede acumular o no indagaciones patrimoniales, las técnicas de investigación, así como las medidas cautelares que pueden ejecutarse y el supuesto en el cual puede declararse la complejidad del proceso.
Con la emisión de la presente norma, se dota a los órganos administradores de justicia y de investigación de una herramienta eficaz para la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, los delitos ambientales y la criminalidad organizada, entre otros fenómenos que afectan gravemente a nuestro país.