MINJUSDH: reparaciones económicas y colectivas a víctimas civiles, policiales y militares del periodo de violencia suman S/ 596 millones
Nota de prensa31 de diciembre de 2018 - 1:19 p. m.
Las reparaciones económicas y colectivas entregadas a las víctimas civiles, policiales y militares del periodo de violencia de 1980 al 2000 suman a la fecha S/ 596 millones, informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).
De ese total, S/ 325 millones corresponden al pago de reparaciones económicas a favor de 85,278 afectados, cifra que representa un nivel de cumplimiento de 96%.
Los otros S/ 271 millones corresponden a reparaciones colectivas para 2,708 comunidades y 24 organizaciones de desplazados, que comprenden proyectos productivos o de infraestructura elegidos por los propios beneficiarios.
El MINJUSDH informó además que en 2018 se otorgaron reparaciones económicas a 879 víctimas civiles, policiales y militares del periodo de violencia, por S/ 5 millones, y que se atendió a 121 comunidades y organizaciones de desplazados con reparaciones colectivas, por un monto de S/ 12 millones.
Asimismo, con el fin de fortalecer el proceso de diálogo y reconciliación, el sector ha reconocido este año a colectivos de víctimas civiles, policiales y militares en el marco de la Agenda Bicentenario; y ha inaugurado cuatro santuarios ecológicos de memoria en tres regiones.
Todas estas acciones impulsadas por la gestión del ministro Vicente Zeballos Salinas están orientadas a mejorar el acceso a los programas de reparaciones, en línea con el compromiso asumido por el gobierno y por el sector.
Las reparaciones económicas y colectivas a favor de las víctimas de la violencia se canalizan a través de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) del MINJUSDH.
Becas y plazos
De otro lado, como parte de las reparaciones en educación, se han otorgado Becas Repared a favor de 1,849 víctimas; y Becas Técnico Productivas para 499 personas, que representan un desembolso total de S/ 65 millones.
Otro logro importante del sector ha sido la reducción del plazo de evaluación de los pedidos de inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV) a solo cinco meses. El RUV, desde su creación, ha inscrito a más de 200 mil personas y alrededor de cinco mil comunidades y 138 organizaciones de desplazados.