Con simplificación del proceso contencioso administrativo se reducirá la carga procesal y mejorará trabajo de fiscales

Con el objetivo de reducir la carga procesal en el sistema de justicia y mejorar el trabajo de los fiscales, se ha presentado el proyecto de Ley N° 3162, que simplificará el proceso contencioso administrativo para que deje de ser un procedimiento “especial” y pase a ser “ordinario”.

De acuerdo a la propuesta, se modifican los artículos 16 y 28 del Texto Único Ordenado (T.U.O) de la Ley N° 27584, Ley del Proceso Contencioso Administrativo; con lo cual el fiscal devuelve al juez de la causa, en un plazo no mayor de 15 días calendario, los expedientes contencioso administrativos que tuviera en su poder para que se dicte sentencia de forma rápida.

Con esto se reduce la intervención del Ministerio Público en este tipo de procesos para que dicha institución se enfoque en procesos que requieren su total atención. Este cambio además tendría sobre los ciudadanos el beneficio de que sus procesos tengan una menor duración; solo siendo necesaria la participación de la Fiscalía “cuando se trate de intereses difusos, cumpliendo el fiscal una labor supervisora de la constitucionalidad y legalidad de las actuaciones (artículo 16)”.

En ese sentido, el proyecto indica que se modifican los dos últimos párrafos del numeral 28.1 del artículo 28 del T.U.O de la Ley Nº 27584, y señala que “luego de expedido el auto de saneamiento o de realizada la audiencia de pruebas, según sea el caso, el expediente quedará expedito para dictar sentencia. Las partes podrán solicitar al juez la presentación de informe oral, el que será concedido por el solo mérito de la solicitud oportuna”, lo que conlleva a eliminar la participación del Ministerio Público.

Por último, el proyecto expone que en los procesos contencioso administrativos los dictámenes fiscales no son vinculantes ni obligatorios, generan costos de transacción, toman demasiado tiempo de los fiscales en estudiar y elaborar el dictamen, se generan elevados costos para el traslado del expediente en su envío y retorno, además de los costos de materiales. Todo esto alarga la duración del proceso en perjuicio para las partes.