En 180 días de gobierno el MINJUSDH promovió el fortalecimiento de la Defensa Pública

En cumplimiento de los lineamientos generales del Gobierno, durante los primeros 180 días de la gestión del presidente Martín Vizcarra, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) adoptó una serie de medidas y acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de los peruanos y ayudar en la construcción de un país más justo, equitativo y sostenible.

Así, el MINJUSDH dispuso fortalecer la Dirección General de Defensa Pública, que es el estudio jurídico gratuito más grande del Perú. Por ello, se publicó el DL 1407, que permite priorizar el servicio de asistencia y patrocinio legal gratuito hacia los ciudadanos en situación de vulnerabilidad (principalmente víctimas adultos mayores, mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y víctimas de trata de personas) y de escasos recursos económicos.

Para cumplir esta tarea en la actualidad el MINJUSDH cuenta con 1,410 defensores públicos, distribuidos en 34 Direcciones Distritales a nivel nacional (de los cuales 205 corresponden a asistencia legal, 242 a defensa de víctimas y 963 defensores públicos penales). Asimismo, se cuenta con 74 conciliadores extrajudiciales.

En ese sentido, se incorporarán 128 nuevos profesionales para ampliar los servicios de asistencia legal y defensa de víctimas, y reforzar las acciones orientadas a prevenir y combatir la violencia contra la mujer. Estos grupos de abogados serán distribuidos en las zonas de mayor índice de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar y trata de personas, quienes trabajarán de la mano con las fiscalías especializadas.

De igual forma, el MINJUSDH pone a disposición de la población 40 Centros de Asistencia Legal Gratuita (ALEGRA) y 3 MEGA ALEGRA en todo el país; así como 349 locales de Defensa Pública. También existe la línea de Orientación Legal Gratuita: 0800-15259. Es compromiso de la gestión del ministro Vicente Zeballos que los defensores públicos lleguen a las zonas de difícil acceso y que cuenten con todos los implementos de trabajo que necesitan.

Asimismo, se está trabajando para masificar los servicios de arbitraje popular en espacios de microempresarios y comerciantes. Este mecanismo permite resolver controversias en periodos cortos de cinco a seis meses, y contribuye a aliviar la carga procesal en el sistema de justicia.

Finalmente, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se está trabajando la implementación del sistema de voluntariado en la Defensa Pública, lo que permitirá fortalecer el trabajo no solo en el tema jurídico o administrativo, sino también en el tema pericial, que es necesario ampliar y fortalecer.