MINJUSDH y MIMP unen esfuerzos para fortalecer servicio de asistencia legal gratuita a mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de violencia

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) decidieron unir esfuerzos con el objetivo de fortalecer los servicios de asistencia legal gratuita para las mujeres y las y los integrantes del grupo familiar víctimas de violencia, a nivel nacional.

Con ese fin, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-JUS, publicado en el diario oficial El Peruano, ambos sectores aprobaron el Protocolo de actuación conjunta entre el Centro Emergencia Mujer Del MIMP y los Servicios de Defensa Pública del MINJUSDH.

Esta medida surge de la necesidad de desarrollar un instrumento de gestión que permita brindar una atención articulada por parte de ambos ministerios, en el marco de la complementariedad establecida para la defensa de personas afectadas por hechos regulados en la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

La norma establece que la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia y el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar “AURORA”, adoptarán las medidas necesarias para la ejecución y cumplimiento del protocolo.

El decreto supremo lleva la firma del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda Portocarrero, y de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro.

Atenciones durante la emergencia

La Defensa Pública del MINJUSDH brinda asistencia técnico legal gratuita a las personas que no cuentan con recursos económicos o se encuentran en situación de vulnerabilidad. Las y los defensores públicos realizan acompañamiento y patrocinio legal a personas agraviadas y/o vulneradas en sus derechos.

En ese marco, durante el periodo de emergencia, entre el 16 de marzo y el 30 de junio del presente año, esta dependencia, a través de sus defensores públicos, brindó atención legal en 1 923 casos de mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de violencia, en sus distintas sedes de todo el país.