MINJUSDH presenta estudio que coadyuvará al fortalecimiento de políticas públicas del sector Justicia

Nota de Prensa
Informe Analítico de la II Encuesta Nacional de DDHH recoge puntos de vista de expertos nacionales e internacionales

1 de julio de 2020 - 11:29 a. m.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), a través de La Dirección General de Derechos Humanos y el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, presentó el primer Informe Analítico de la II Encuesta Nacional de los Derechos Humanos.

En el informe, expertos nacionales e internacionales interpretan los resultados de esta encuesta -elaborada por IPSOS en el 2019, por encargo del MINJUSDH-, y realizan un análisis multidisciplinario de sus hallazgos, situándolos en un contexto histórico, social, político y cultural, aportes que dan al documento un mayor valor agregado.

El viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Daniel Sánchez Velásquez, inauguró la charla de presentación del informe analítico y subrayó la importancia del mismo para formar y fortalecer las políticas públicas del sector Justicia.

“Para nosotros como sector Justicia y Derechos Humanos esta investigación es de mucha utilidad para las dos grandes políticas que estamos implementando: el Plan Nacional de Derechos Humanos, que tiene un horizonte de trabajo al 2021 pero tendrá incidencia mayor en los próximos años; así como el Plan de Acción de Empresas y Derechos Humanos, que se viene diseñando”, manifestó.

Refirió además que el documento de análisis responde de manera clara y aguda a los problemas que como país todavía enfrentamos en materia de promoción, defensa y sobre todo fortalecimiento de los derechos humanos. Sobre la encuesta, dijo que da cuenta de una serie de ideas equivocadas y estereotipos instalados en nuestro imaginario individual, que se trasladan a nuestras relaciones colectivas y limitan el ejercicio de los derechos.

La presentación también contó con las intervenciones de Igor Garafulic, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en el Perú; Javier Iguiñiz Echeverría, ex secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional y presidente del Instituto de Desarrollo Humano de América Latina; Jorge Yamamoto Suda, fundador del ByP Bienestar y Productividad; Maritza Paredes, profesora de sociología de la PUCP; Patricia Rojas Montes, directora senior de Investigación Social de Ipsos Perú y Humberto Cantú Rivera, profesor de la Universidad de Monterrey (México) y director ejecutivo del Instituto de Derechos Humanos y Empresas.

En la cita, realizada vía Zoom en una nueva edición del Martes de Justicia y Derechos del MINJUSDH, los panelistas abordaron los contenidos del informe, la agenda pendiente en la lucha contra la desigualdad estructural, así como las lecciones que nos deja la pandemia del Covid-19 en materia de derechos humanos.

La presentación contó con un gran número de participantes, quienes se inscribieron previamente al evento, y superó el promedio de audiencia con 1 720 personas conectadas.

Completan el grupo de especialistas que participan en el informe Alberto A. Stella, Norma Fuller Osores, Marcela Huaita Alegre, Renata Bregaglio Lazarte, Gisella Vignolo Huamaní, Raquel Cuentas Ramírez, Roger Merino Acuña, Gustavo Zambrano, Porfirio Barrenechea Cárdenas, Ana de Mendoza, Federico Arnillas Lafert, Federico Agusti, José Koechlin, Liliana Salomé Resurrección, Eduardo Vega Luna, Edgardo Rodríguez Gómez, Elizabeth Salmón Garate, Ximena Salazar Lostaunau, Alejandro Merino Rosas y Areli Valencia Vargas.

Reveladores resultados

El 10 de diciembre del 2019, el MINJUSDH presentó los resultados de la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos (Ipsos Perú), elaborada con la finalidad de conocer las principales percepciones de la ciudadanía frente a la protección de los derechos humanos en el Perú, a 6 años de haberse realizado una encuesta con el mismo propósito.

La encuesta se realizó sobre un universo de 3 312 personas y da cuenta de la existencia de actitudes de discriminación que afectan especialmente a los miembros de los grupos de especial protección, como son las mujeres, niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad; adultos mayores; personas LGBTI; personas privadas de libertad; y pobladores indígenas y extranjeros.