Servicio de Defensa Pública del MINJUSDH dará prioridad a personas en situación de vulnerabilidad

Mediante Decreto Legislativo publicado hoy, el gobierno establece medidas para fortalecer el servicio de Defensa Pública gratuita a favor de las personas que no cuenten con recursos económicos o se encuentren en situación de vulnerabilidad.

La norma precisa que este servicio --a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-- tiene la finalidad de garantizar el derecho de defensa y acceso a la justicia proporcionando asistencia legal gratuita especialmente a personas adultas mayores, mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y víctimas de trata.

Establece la defensa penal primordialmente para personas de escasos recursos. Para otros casos, solo excepcionalmente y si fuera necesario, y siempre que los procesados no tengan recursos para abogados privados o el Estado no les provea otro mecanismo de defensa legal.

El viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Daniel Sánchez Velásquez, explicó que la Defensa Pública tradicionalmente se identificó con la defensa de oficio y que los vacíos normativos distorsionaron el servicio, que se brindaba incluso a quienes podían contratar un abogado privado dejando de atender a miles que realmente lo necesitaban.

“Con la norma publicada hoy se corrige esta situación, se fortalece el sistema de defensa de víctimas de delitos y se establece que la defensa penal la recibirán aquellas personas con escasos recursos y en situación de vulnerabilidad”, enfatizó.

La norma determina además el deber de colaboración de las entidades públicas y privadas para facilitar gratuitamente la información que requiere la defensa pública para sus funciones y señala también que el servicio se prestará con enfoque intercultural, respetando y haciendo respetar en todas las instancias el derecho a la igualdad y no discriminación, el idioma y el derecho a un intérprete, la cosmovisión, costumbres y prácticas ancestrales de las personas.

Establece, asimismo, una permanente coordinación con los Colegios de Abogados para que implementen la defensa gratuita que es su obligación según la Ley Orgánica del Poder Judicial.