MINJUSDH reafirma que estrategia para el deshacinamiento de los penales se ejecuta con rigurosidad y de manera responsable

Nota de Prensa

23 de junio de 2020 - 8:35 a. m.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda Portocarrero, afirmó hoy que la estrategia de deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios y centros juveniles que impulsa el gobierno, con el fin de evitar la propagación del Covid-19, en el marco de la emergencia sanitaria, se ejecuta de manera responsable y en estricto cumplimiento de la normativa emitida con ese fin.

En ese contexto, precisó que los procedimientos para la concesión de gracias presidenciales se realizan con toda rigurosidad, y explicó que antes de proponer este beneficio, la Comisión de Gracias Presidenciales del MINJUSDH desarrolla una evaluación minuciosa de la situación jurídica en cada caso.

Advirtió que no pueden acogerse a este beneficio, que se ejecuta vía indultos y conmutación de penas, los internos y las internas que hayan cometido delitos graves. El proceso de evaluación, entre otros aspectos, toma en cuenta si existen antecedentes penales por otros casos, o procesos penales pendientes con mandato de detención, así como la gravedad de los hechos objeto de sentencia. Puntualizó que la concesión de una gracia presidencial de ninguna manera es un cheque en blanco.

Asimismo, refirió que las excarcelaciones mediante el beneficio de conversión de penas por el delito de omisión a la asistencia familiar se hacen efectivas también previa decisión judicial en la que se acredita el pago de la deuda alimentaria y la reparación civil. Si los beneficiarios en algún momento incumplen sus obligaciones con sus hijos, vuelven a prisión.

De igual modo, los patrocinios que lleva adelante la Defensa Pública del MINJUSDH, en apoyo a internos que buscan acceder a las medidas de deshacinamiento, alcanzan únicamente a las personas que no cometieron delitos graves.

Los Decretos Legislativos 1513 y 1514, emitidos por el Poder Ejecutivo como parte de las facultades delegadas por el Congreso, entretanto, beneficiarán únicamente a personas en situación de procesadas o condenadas por delitos de menor lesividad, en la que se requiere siempre de la evaluación y decisión judicial.