Ejecutivo crea Subsistema Especializado contra la Extorsión para cerrar el paso a la impunidad
Nota de prensaAtenderá con prioridad y urgencia investigaciones y procesos penales por el delito de extorsión y sus manifestaciones delictivas conexas como sicariato, homicidio calificado, secuestro, entre otros.
12 de febrero de 2026 - 3:54 p. m.
El Gobierno aprobó el Decreto Legislativo n.° 1735, que crea el Subsistema Especializado contra la Extorsión y Delitos Conexos (SEEDC), una reforma estructural del sistema de justicia orientada a fortalecer la respuesta del Estado frente a estos delitos, reducir la impunidad y restituir la confianza de la ciudadanía.
La medida, impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), responde a un problema público claramente identificado: los altos niveles de impunidad derivados de la limitada capacidad para prevenir, investigar y sancionar eficazmente la extorsión. Esta situación no solo desincentiva la denuncia, sino que incrementa la vulnerabilidad de las víctimas y debilita la credibilidad en el sistema de justicia. En ese contexto, el nuevo subsistema coloca a la víctima como eje central de la intervención estatal.
El SEEDC operará bajo un modelo interinstitucional especializado que articulará de manera coordinada a fiscales, jueces, efectivos policiales, defensores públicos —tanto de imputados como de víctimas—, personal administrativo, servicios médico-legales y de criminalística, así como a las unidades de asistencia a víctimas y testigos. Esta articulación permitirá una atención exclusiva y especializada de los casos de extorsión y sus delitos conexos.
Con su implementación, se priorizarán las investigaciones y procesos penales por extorsión tramitados bajo el proceso común, complejo y en el marco de la criminalidad organizada. Su alcance abarcará todo el espectro del fenómeno criminal, desde la delincuencia común hasta las bandas y organizaciones criminales, con el objetivo de abordar integralmente esta problemática.
Asimismo, el subsistema conocerá delitos conexos como homicidio simple y calificado, sicariato, coacción, secuestro, daños agravados, tenencia ilegal de armas de fuego, organización criminal, marcaje o reglaje, así como otros ilícitos vinculados criminológicamente a la extorsión.
La conducción del SEEDC estará a cargo de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal (CEI-CPP) del MINJUSDH, presidida por el ministro de Justicia y Derechos Humanos e integrada por el ministro del Interior, la ministra de Economía y Finanzas, la presidenta del Poder Judicial y el fiscal de la Nación. Este liderazgo multisectorial garantizará la coordinación operativa y la adopción de decisiones estratégicas para una implementación eficaz, con el soporte técnico de la Secretaría Técnica de la Comisión y de los equipos técnicos de cada entidad involucrada.
Beneficio directo para las víctimas
El subsistema incorpora el servicio de defensa pública para víctimas de extorsión y dispone la implementación de una línea telefónica gratuita, con el fin de asegurar orientación, patrocinio legal y medidas de protección oportunas. Además, la víctima —en su condición de actor civil— contará con un mayor protagonismo en el proceso penal, contribuyendo a una resolución más célere del caso y facilitando el acceso efectivo a la reparación civil.
Medidas normativas que fortalecen la lucha contra la extorsión
La medida, impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), responde a un problema público claramente identificado: los altos niveles de impunidad derivados de la limitada capacidad para prevenir, investigar y sancionar eficazmente la extorsión. Esta situación no solo desincentiva la denuncia, sino que incrementa la vulnerabilidad de las víctimas y debilita la credibilidad en el sistema de justicia. En ese contexto, el nuevo subsistema coloca a la víctima como eje central de la intervención estatal.
El SEEDC operará bajo un modelo interinstitucional especializado que articulará de manera coordinada a fiscales, jueces, efectivos policiales, defensores públicos —tanto de imputados como de víctimas—, personal administrativo, servicios médico-legales y de criminalística, así como a las unidades de asistencia a víctimas y testigos. Esta articulación permitirá una atención exclusiva y especializada de los casos de extorsión y sus delitos conexos.
Con su implementación, se priorizarán las investigaciones y procesos penales por extorsión tramitados bajo el proceso común, complejo y en el marco de la criminalidad organizada. Su alcance abarcará todo el espectro del fenómeno criminal, desde la delincuencia común hasta las bandas y organizaciones criminales, con el objetivo de abordar integralmente esta problemática.
Asimismo, el subsistema conocerá delitos conexos como homicidio simple y calificado, sicariato, coacción, secuestro, daños agravados, tenencia ilegal de armas de fuego, organización criminal, marcaje o reglaje, así como otros ilícitos vinculados criminológicamente a la extorsión.
La conducción del SEEDC estará a cargo de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal (CEI-CPP) del MINJUSDH, presidida por el ministro de Justicia y Derechos Humanos e integrada por el ministro del Interior, la ministra de Economía y Finanzas, la presidenta del Poder Judicial y el fiscal de la Nación. Este liderazgo multisectorial garantizará la coordinación operativa y la adopción de decisiones estratégicas para una implementación eficaz, con el soporte técnico de la Secretaría Técnica de la Comisión y de los equipos técnicos de cada entidad involucrada.
Beneficio directo para las víctimas
El subsistema incorpora el servicio de defensa pública para víctimas de extorsión y dispone la implementación de una línea telefónica gratuita, con el fin de asegurar orientación, patrocinio legal y medidas de protección oportunas. Además, la víctima —en su condición de actor civil— contará con un mayor protagonismo en el proceso penal, contribuyendo a una resolución más célere del caso y facilitando el acceso efectivo a la reparación civil.
Medidas normativas que fortalecen la lucha contra la extorsión
Entre las disposiciones complementarias que robustecen la respuesta del Estado destaca la ampliación de los plazos de retención en el marco de las investigaciones policiales, la extensión del plazo para la captura en flagrancia delictiva y el fortalecimiento del proceso inmediato tras la formalización de la investigación preparatoria, entre otras medidas orientadas a dotar de mayor eficacia al sistema.
Con esta reforma, el Gobierno del Perú y el MINJUSDH reafirman su compromiso de modernizar el sistema de justicia y enfrentar con firmeza uno de los delitos que más afecta a emprendedores, transportistas, comerciantes y familias peruanas.
Con esta reforma, el Gobierno del Perú y el MINJUSDH reafirman su compromiso de modernizar el sistema de justicia y enfrentar con firmeza uno de los delitos que más afecta a emprendedores, transportistas, comerciantes y familias peruanas.