Gobierno refuerza control en E. P. Lurigancho: decomisa municiones y droga en requisa penitenciaria
Nota de prensaEl operativo fue liderado por el ministro de Justicia, Walter Martínez, reafirmando la decisión del Estado de mantener el control y cerrar espacios a la delincuencia.





2 de febrero de 2026 - 9:23 a. m.
Como parte de las disposiciones del Gobierno para enfrentar con firmeza al crimen organizado y reforzar la seguridad ciudadana, se ejecutó una requisa integral de alto impacto en los pabellones 5 y 10 del Establecimiento Penitenciario (E. P.) de Lurigancho, operativo que fue liderado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, junto al ministro de Defensa, César Díaz, y la presidenta (e) del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Shadia Valdez.
La intervención contó con el despliegue articulado de agentes penitenciarios especializados, efectivos de la Policía Nacional, miembros de las Fuerzas Armadas y personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE, quienes ingresaron de manera simultánea para recuperar el principio de autoridad y cerrar el paso a estructuras criminales que intentarían operar desde los centros penitenciarios.
Durante la requisa se logró la incautación de armas blancas, droga, paquetes de cigarrillos y proyectiles de 9 milímetros. Esta munición fue hallada oculta en el interior de las paredes y ductos de desagüe. Inmediatamente se dio parte al Ministerio Público para las investigaciones pertinentes.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, subrayó que el Estado no permitirá que los establecimientos penitenciarios sean utilizados como plataformas del delito.
“La lucha contra la inseguridad ciudadana es transversal, de todos sectores, y es uno de los pilares de este Gobierno. No vamos a permitir que desde las cárceles se planifiquen o faciliten actos violentos que ponen en riesgo la vida de los peruanos. Esta no es una lucha de escritorio: estamos en el campo, recuperando el control y demostrando que el Estado está presente”, enfatizó.
Asimismo, el titular del sector Justicia remarcó que estas intervenciones forman parte de una política sostenida y permanente del Ejecutivo, orientada a desarticular redes criminales, cortar sus fuentes de poder y eliminar cualquier posibilidad de operación armada desde los centros penitenciarios.
El Gobierno reafirma su compromiso de continuar con estrategias de lucha frontal contra la delincuencia y el crimen organizado, con el objetivo de devolver la tranquilidad a la ciudadanía y garantizar que las cárceles estén bajo control absoluto del Estado.
La intervención contó con el despliegue articulado de agentes penitenciarios especializados, efectivos de la Policía Nacional, miembros de las Fuerzas Armadas y personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE, quienes ingresaron de manera simultánea para recuperar el principio de autoridad y cerrar el paso a estructuras criminales que intentarían operar desde los centros penitenciarios.
Durante la requisa se logró la incautación de armas blancas, droga, paquetes de cigarrillos y proyectiles de 9 milímetros. Esta munición fue hallada oculta en el interior de las paredes y ductos de desagüe. Inmediatamente se dio parte al Ministerio Público para las investigaciones pertinentes.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, subrayó que el Estado no permitirá que los establecimientos penitenciarios sean utilizados como plataformas del delito.
“La lucha contra la inseguridad ciudadana es transversal, de todos sectores, y es uno de los pilares de este Gobierno. No vamos a permitir que desde las cárceles se planifiquen o faciliten actos violentos que ponen en riesgo la vida de los peruanos. Esta no es una lucha de escritorio: estamos en el campo, recuperando el control y demostrando que el Estado está presente”, enfatizó.
Asimismo, el titular del sector Justicia remarcó que estas intervenciones forman parte de una política sostenida y permanente del Ejecutivo, orientada a desarticular redes criminales, cortar sus fuentes de poder y eliminar cualquier posibilidad de operación armada desde los centros penitenciarios.
El Gobierno reafirma su compromiso de continuar con estrategias de lucha frontal contra la delincuencia y el crimen organizado, con el objetivo de devolver la tranquilidad a la ciudadanía y garantizar que las cárceles estén bajo control absoluto del Estado.




