Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Ministro Walter Martínez: “El Acceso a la justicia no debe ser un privilegio, sino un derecho efectivo para todos los peruanos”

Nota de prensa
En la reunión anual de presidentes de las Cortes Superiores, el titular de Justicia destacó que la Defensa Pública ahorró, entre 2023 y 2025, más de S/ 600 millones a la ciudadanía.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, participó en la Reunión Anual 2026 de presidentas y presidentes de las 35 Cortes Superiores del país, realizada en Lima, donde presentó una visión estratégica sobre el futuro de la justicia en el Perú, con énfasis en el enfoque territorial y el fortalecimiento del acceso a la justicia para la ciudadanía, especialmente para las personas en condición de vulnerabilidad. Durante su exposición titulada “Futuro de la justicia en el Perú: una mirada desde el territorio”, el titular del MINJUSDH remarcó que el acceso a la justicia constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. “Aquí no hablamos solo de normas o de instituciones; hablamos de personas, de ciudadanos que buscan protección y reparación, y que ello genere confianza en el Estado”, señaló. En ese sentido, explicó que la política del sector Justicia está orientada a identificar brechas y definir el rumbo del país en esta materia. “El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene un mandato claro: garantizar el acceso a la justicia con énfasis en las personas en condición de vulnerabilidad”, subrayó. También agregó que “acceder a la justicia no debe ser un privilegio, sino un derecho efectivo, sin discriminación, con mecanismos oportunos, accesibles y culturalmente pertinentes”. Asimismo, recordó que, conforme a la doctrina internacional, el acceso a la justicia es la puerta de entrada para el ejercicio de todos los derechos humanos, por lo que, aunque no esté expresamente positivizado en la Constitución, debe ser entendido como un derecho fundamental. De igual manera, el ministro Walter Martínez Laura, destacó los resultados concretos de la Defensa Pública. Informó que, entre los años 2023 y 2025, este servicio permitió a los peruanos ahorrar más de 600 millones de soles en gastos de defensa legal, monto que los usuarios habrían asumido de manera particular. A ello se suma que, en el mismo periodo de tiempo, se lograron obtener más de 150 millones de soles a favor de los usuarios en pensiones de alimentos y reparaciones civiles. Finalmente, reafirmó el compromiso del sector de impulsar una justicia más cercana y confiable. “Nuestro compromiso es claro: transitar de un sistema de desconfianza a uno de garantía equitativa, con una justicia centrada en las necesidades jurídicas de los peruanos, en especial de la población vulnerable”, sostuvo. En esa línea, concluyó que “el acceso a la justicia no solo es una política pública, es una expresión concreta del respeto a la dignidad humana”, y que el Estado tiene “la responsabilidad histórica de garantizar que nadie quede fuera del sistema de justicia, siempre en beneficio de nuestra población”.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, participó en la Reunión Anual 2026 de presidentas y presidentes de las 35 Cortes Superiores del país, realizada en Lima, donde presentó una visión estratégica sobre el futuro de la justicia en el Perú, con énfasis en el enfoque territorial y el fortalecimiento del acceso a la justicia para la ciudadanía, especialmente para las personas en condición de vulnerabilidad. Durante su exposición titulada “Futuro de la justicia en el Perú: una mirada desde el territorio”, el titular del MINJUSDH remarcó que el acceso a la justicia constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. “Aquí no hablamos solo de normas o de instituciones; hablamos de personas, de ciudadanos que buscan protección y reparación, y que ello genere confianza en el Estado”, señaló. En ese sentido, explicó que la política del sector Justicia está orientada a identificar brechas y definir el rumbo del país en esta materia. “El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene un mandato claro: garantizar el acceso a la justicia con énfasis en las personas en condición de vulnerabilidad”, subrayó. También agregó que “acceder a la justicia no debe ser un privilegio, sino un derecho efectivo, sin discriminación, con mecanismos oportunos, accesibles y culturalmente pertinentes”. Asimismo, recordó que, conforme a la doctrina internacional, el acceso a la justicia es la puerta de entrada para el ejercicio de todos los derechos humanos, por lo que, aunque no esté expresamente positivizado en la Constitución, debe ser entendido como un derecho fundamental. De igual manera, el ministro Walter Martínez Laura, destacó los resultados concretos de la Defensa Pública. Informó que, entre los años 2023 y 2025, este servicio permitió a los peruanos ahorrar más de 600 millones de soles en gastos de defensa legal, monto que los usuarios habrían asumido de manera particular. A ello se suma que, en el mismo periodo de tiempo, se lograron obtener más de 150 millones de soles a favor de los usuarios en pensiones de alimentos y reparaciones civiles. Finalmente, reafirmó el compromiso del sector de impulsar una justicia más cercana y confiable. “Nuestro compromiso es claro: transitar de un sistema de desconfianza a uno de garantía equitativa, con una justicia centrada en las necesidades jurídicas de los peruanos, en especial de la población vulnerable”, sostuvo. En esa línea, concluyó que “el acceso a la justicia no solo es una política pública, es una expresión concreta del respeto a la dignidad humana”, y que el Estado tiene “la responsabilidad histórica de garantizar que nadie quede fuera del sistema de justicia, siempre en beneficio de nuestra población”.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, participó en la Reunión Anual 2026 de presidentas y presidentes de las 35 Cortes Superiores del país, realizada en Lima, donde presentó una visión estratégica sobre el futuro de la justicia en el Perú, con énfasis en el enfoque territorial y el fortalecimiento del acceso a la justicia para la ciudadanía, especialmente para las personas en condición de vulnerabilidad. Durante su exposición titulada “Futuro de la justicia en el Perú: una mirada desde el territorio”, el titular del MINJUSDH remarcó que el acceso a la justicia constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. “Aquí no hablamos solo de normas o de instituciones; hablamos de personas, de ciudadanos que buscan protección y reparación, y que ello genere confianza en el Estado”, señaló. En ese sentido, explicó que la política del sector Justicia está orientada a identificar brechas y definir el rumbo del país en esta materia. “El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene un mandato claro: garantizar el acceso a la justicia con énfasis en las personas en condición de vulnerabilidad”, subrayó. También agregó que “acceder a la justicia no debe ser un privilegio, sino un derecho efectivo, sin discriminación, con mecanismos oportunos, accesibles y culturalmente pertinentes”. Asimismo, recordó que, conforme a la doctrina internacional, el acceso a la justicia es la puerta de entrada para el ejercicio de todos los derechos humanos, por lo que, aunque no esté expresamente positivizado en la Constitución, debe ser entendido como un derecho fundamental. De igual manera, el ministro Walter Martínez Laura, destacó los resultados concretos de la Defensa Pública. Informó que, entre los años 2023 y 2025, este servicio permitió a los peruanos ahorrar más de 600 millones de soles en gastos de defensa legal, monto que los usuarios habrían asumido de manera particular. A ello se suma que, en el mismo periodo de tiempo, se lograron obtener más de 150 millones de soles a favor de los usuarios en pensiones de alimentos y reparaciones civiles. Finalmente, reafirmó el compromiso del sector de impulsar una justicia más cercana y confiable. “Nuestro compromiso es claro: transitar de un sistema de desconfianza a uno de garantía equitativa, con una justicia centrada en las necesidades jurídicas de los peruanos, en especial de la población vulnerable”, sostuvo. En esa línea, concluyó que “el acceso a la justicia no solo es una política pública, es una expresión concreta del respeto a la dignidad humana”, y que el Estado tiene “la responsabilidad histórica de garantizar que nadie quede fuera del sistema de justicia, siempre en beneficio de nuestra población”.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, participó en la Reunión Anual 2026 de presidentas y presidentes de las 35 Cortes Superiores del país, realizada en Lima, donde presentó una visión estratégica sobre el futuro de la justicia en el Perú, con énfasis en el enfoque territorial y el fortalecimiento del acceso a la justicia para la ciudadanía, especialmente para las personas en condición de vulnerabilidad. Durante su exposición titulada “Futuro de la justicia en el Perú: una mirada desde el territorio”, el titular del MINJUSDH remarcó que el acceso a la justicia constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. “Aquí no hablamos solo de normas o de instituciones; hablamos de personas, de ciudadanos que buscan protección y reparación, y que ello genere confianza en el Estado”, señaló. En ese sentido, explicó que la política del sector Justicia está orientada a identificar brechas y definir el rumbo del país en esta materia. “El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene un mandato claro: garantizar el acceso a la justicia con énfasis en las personas en condición de vulnerabilidad”, subrayó. También agregó que “acceder a la justicia no debe ser un privilegio, sino un derecho efectivo, sin discriminación, con mecanismos oportunos, accesibles y culturalmente pertinentes”. Asimismo, recordó que, conforme a la doctrina internacional, el acceso a la justicia es la puerta de entrada para el ejercicio de todos los derechos humanos, por lo que, aunque no esté expresamente positivizado en la Constitución, debe ser entendido como un derecho fundamental. De igual manera, el ministro Walter Martínez Laura, destacó los resultados concretos de la Defensa Pública. Informó que, entre los años 2023 y 2025, este servicio permitió a los peruanos ahorrar más de 600 millones de soles en gastos de defensa legal, monto que los usuarios habrían asumido de manera particular. A ello se suma que, en el mismo periodo de tiempo, se lograron obtener más de 150 millones de soles a favor de los usuarios en pensiones de alimentos y reparaciones civiles. Finalmente, reafirmó el compromiso del sector de impulsar una justicia más cercana y confiable. “Nuestro compromiso es claro: transitar de un sistema de desconfianza a uno de garantía equitativa, con una justicia centrada en las necesidades jurídicas de los peruanos, en especial de la población vulnerable”, sostuvo. En esa línea, concluyó que “el acceso a la justicia no solo es una política pública, es una expresión concreta del respeto a la dignidad humana”, y que el Estado tiene “la responsabilidad histórica de garantizar que nadie quede fuera del sistema de justicia, siempre en beneficio de nuestra población”.

Fotos: MINJUSDH

MINJUSDH

28 de enero de 2026 - 5:26 p. m.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, participó en la Reunión Anual 2026 de presidentas y presidentes de las 35 Cortes Superiores del país, realizada en Lima, donde presentó una visión estratégica sobre el futuro de la justicia en el Perú, con énfasis en el enfoque territorial y el fortalecimiento del acceso a la justicia para la ciudadanía, especialmente para las personas en condición de vulnerabilidad.

Durante su exposición titulada “Futuro de la justicia en el Perú: una mirada desde el territorio”, el titular del MINJUSDH remarcó que el acceso a la justicia constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. “Aquí no hablamos solo de normas o de instituciones; hablamos de personas, de ciudadanos que buscan protección y reparación, y que ello genere confianza en el Estado”, señaló.

En ese sentido, explicó que la política del sector Justicia está orientada a identificar brechas y definir el rumbo del país en esta materia.

“El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene un mandato claro: garantizar el acceso a la justicia con énfasis en las personas en condición de vulnerabilidad”, subrayó. También agregó que “acceder a la justicia no debe ser un privilegio, sino un derecho efectivo, sin discriminación, con mecanismos oportunos, accesibles y culturalmente pertinentes”.

Asimismo, recordó que, conforme a la doctrina internacional, el acceso a la justicia es la puerta de entrada para el ejercicio de todos los derechos humanos, por lo que, aunque no esté expresamente positivizado en la Constitución, debe ser entendido como un derecho fundamental.

De igual manera, el ministro Walter Martínez Laura, destacó los resultados concretos de la Defensa Pública. Informó que, entre los años 2023 y 2025, este servicio permitió a los peruanos ahorrar más de 600 millones de soles en gastos de defensa legal, monto que los usuarios habrían asumido de manera particular. A ello se suma que, en el mismo periodo de tiempo, se lograron obtener más de 150 millones de soles a favor de los usuarios en pensiones de alimentos y reparaciones civiles.

Finalmente, reafirmó el compromiso del sector de impulsar una justicia más cercana y confiable. “Nuestro compromiso es claro: transitar de un sistema de desconfianza a uno de garantía equitativa, con una justicia centrada en las necesidades jurídicas de los peruanos, en especial de la población vulnerable”, sostuvo.

En esa línea, concluyó que “el acceso a la justicia no solo es una política pública, es una expresión concreta del respeto a la dignidad humana”, y que el Estado tiene “la responsabilidad histórica de garantizar que nadie quede fuera del sistema de justicia, siempre en beneficio de nuestra población”.