Ministro de Justicia: “El acceso a la justicia no es un privilegio, es la puerta de entrada a todos los derechos”
Nota de prensaWalter Martínez Laura expuso sobre acceso a la justicia en el Congreso Internacional de Cortes de Justicia, que reunió en Lima a los máximos representantes del Poder Judicial de la región.
Fotos: MINJUSDH
24 de enero de 2026 - 11:21 a. m.
El acceso a la justicia como pilar del Estado de Derecho y condición indispensable para el ejercicio de todos los derechos humanos fue el eje central de la ponencia magistral “Acceso a la justicia”, presentada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, durante el Congreso Internacional de Cortes de Justicia: 200 años de los Poderes Judiciales en América Latina, que reunió en Lima a presidentes y jueces supremos de la región.
En su intervención, el ministro subrayó que hablar de justicia no implica únicamente normas o instituciones, sino personas reales que buscan protección, reparación y confianza en el Estado. “Cuando una persona no puede defenderse, denunciar o reclamar, el Estado no debe fallar en su función más básica: proteger la dignidad humana”, afirmó, al calificar el acceso a la justicia como el “derecho de los derechos”.
Martínez Laura recordó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) tiene un mandato constitucional claro para garantizar mecanismos de justicia accesibles, oportunos y sin discriminación, con especial énfasis en las personas en situación de vulnerabilidad. En esa línea, advirtió que la justicia no debe ser un privilegio, sino un derecho efectivo para todos los ciudadanos.
Durante su exposición magistral, el titular del sector presentó cifras que reflejan la magnitud del desafío: más del 35 % de los peruanos, equivalente a 8.6 millones de personas, ha enfrentado al menos un conflicto legal en los últimos dos años, mientras que el 70 % de la población considera que el Estado hace poco o nada por garantizar el acceso a la justicia. “La justicia no es un tema marginal; es un problema estructural que impacta directamente en la vida diaria de la población”, sostuvo.
En esa línea, destacó que el acceso a la justicia forma parte de los principales instrumentos de planificación del país, como el Acuerdo Nacional, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 y la Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia 2021-2025, lo que evidencia un compromiso de Estado para construir instituciones sólidas y confiables.
Martínez Laura también identificó las principales brechas en el acceso a la justicia, entre ellas la discriminación por género o condición de vulnerabilidad, la falta de un enfoque centrado en las personas, y las dificultades geográficas del país. Frente a ello, anunció que el MINJUSDH avanza en la elaboración de la Política Nacional Multisectorial del Sistema de Justicia, alineada a estándares internacionales y recomendaciones de la OCDE.
Uno de los ejes más relevantes de su ponencia fue el rol de la Defensa Pública, servicio mediante el cual el Estado garantiza asesoría legal gratuita y patrocinio a personas de escasos recursos. Este servicio abarca materias penales, civiles, familiares, laborales y administrativas, así como la defensa especializada de víctimas y la conciliación extrajudicial gratuita.
Los resultados, remarcó, son concretos: entre enero y octubre de 2025, la Defensa Pública brindó más de un millón de atenciones y generó un ahorro superior a 287 millones de soles para la ciudadanía, en comparación con los costos de una defensa privada.
Al cierre de su participación, el ministro anunció la creación de Superintendencia de Defensa Pública como una muestra del compromiso del Estado por fortalecer los servicios que brinda al ciudadano y un espacio donde la justicia esté verdaderamente al servicio de las personas. “El acceso a la justicia no es solo una política pública; es una expresión concreta del respeto a la dignidad humana”, concluyó.
La exposición del titular del MINJUSDH se realizó en el bloque temático “Justicia para el siglo XXI”, ante magistrados supremos, académicos y expertos de diversos países de la región, y fue liderada por la presidenta del Poder Judicial del Perú, Janet Tello Gillardi, así como con la participación de María Cristina Chen Stanziola, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá; Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica; John Pérez Brignani, presidente del Poder Judicial de la República Oriental del Uruguay; y Rómer Saucedo Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia.
En su intervención, el ministro subrayó que hablar de justicia no implica únicamente normas o instituciones, sino personas reales que buscan protección, reparación y confianza en el Estado. “Cuando una persona no puede defenderse, denunciar o reclamar, el Estado no debe fallar en su función más básica: proteger la dignidad humana”, afirmó, al calificar el acceso a la justicia como el “derecho de los derechos”.
Martínez Laura recordó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) tiene un mandato constitucional claro para garantizar mecanismos de justicia accesibles, oportunos y sin discriminación, con especial énfasis en las personas en situación de vulnerabilidad. En esa línea, advirtió que la justicia no debe ser un privilegio, sino un derecho efectivo para todos los ciudadanos.
Durante su exposición magistral, el titular del sector presentó cifras que reflejan la magnitud del desafío: más del 35 % de los peruanos, equivalente a 8.6 millones de personas, ha enfrentado al menos un conflicto legal en los últimos dos años, mientras que el 70 % de la población considera que el Estado hace poco o nada por garantizar el acceso a la justicia. “La justicia no es un tema marginal; es un problema estructural que impacta directamente en la vida diaria de la población”, sostuvo.
En esa línea, destacó que el acceso a la justicia forma parte de los principales instrumentos de planificación del país, como el Acuerdo Nacional, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 y la Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia 2021-2025, lo que evidencia un compromiso de Estado para construir instituciones sólidas y confiables.
Martínez Laura también identificó las principales brechas en el acceso a la justicia, entre ellas la discriminación por género o condición de vulnerabilidad, la falta de un enfoque centrado en las personas, y las dificultades geográficas del país. Frente a ello, anunció que el MINJUSDH avanza en la elaboración de la Política Nacional Multisectorial del Sistema de Justicia, alineada a estándares internacionales y recomendaciones de la OCDE.
Uno de los ejes más relevantes de su ponencia fue el rol de la Defensa Pública, servicio mediante el cual el Estado garantiza asesoría legal gratuita y patrocinio a personas de escasos recursos. Este servicio abarca materias penales, civiles, familiares, laborales y administrativas, así como la defensa especializada de víctimas y la conciliación extrajudicial gratuita.
Los resultados, remarcó, son concretos: entre enero y octubre de 2025, la Defensa Pública brindó más de un millón de atenciones y generó un ahorro superior a 287 millones de soles para la ciudadanía, en comparación con los costos de una defensa privada.
Al cierre de su participación, el ministro anunció la creación de Superintendencia de Defensa Pública como una muestra del compromiso del Estado por fortalecer los servicios que brinda al ciudadano y un espacio donde la justicia esté verdaderamente al servicio de las personas. “El acceso a la justicia no es solo una política pública; es una expresión concreta del respeto a la dignidad humana”, concluyó.
La exposición del titular del MINJUSDH se realizó en el bloque temático “Justicia para el siglo XXI”, ante magistrados supremos, académicos y expertos de diversos países de la región, y fue liderada por la presidenta del Poder Judicial del Perú, Janet Tello Gillardi, así como con la participación de María Cristina Chen Stanziola, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá; Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica; John Pérez Brignani, presidente del Poder Judicial de la República Oriental del Uruguay; y Rómer Saucedo Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia.