MINJUSDH refuerza control penitenciario con operativo inopinado en el penal de Lurigancho
Nota de prensaIntervención liderada por el ministro de Justicia permitió incautar objetos no autorizados como un amplificador de sonido, televisores, y libretas con números telefónicos.
Fotos: MINJUSDH
16 de enero de 2026 - 2:34 a. m.
Esta madrugada, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, lideró un operativo inopinado en el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho, ubicado en el distrito del mismo nombre.
La intervención se realizó específicamente en el pabellón 4, que alberga a aproximadamente 650 internos, y permitió la incautación de diversos objetos no autorizados, entre ellos un amplificador de sonido, televisores, ventiladores, DVDs, mesas de billar, extensiones eléctricas y tomacorrientes, además de una imagen de la "Santa Muerte", un celular y libretas con números telefónicos, presuntamente utilizadas para mantener comunicaciones ilegales desde el interior del penal.
Durante el operativo, el titular del sector Justicia subrayó que este tipo de acciones son clave para el control efectivo de los penales. “Las acciones que realizamos en los penales son fundamentales para mantener el principio de autoridad y colaborar con la lucha contra la inseguridad ciudadana”, afirmó el ministro Martínez, tras recordar que el penal de Lurigancho cuenta con una población superior a los 10 000 internos, lo que exige medidas permanentes de supervisión y control.
Asimismo, el ministro destacó que la política penitenciaria del Gobierno apunta a cortar la influencia del crimen organizado al interior de los establecimientos. En ese sentido, señaló que se viene separando a los líderes de organizaciones criminales de los internos primarios, trasladándolos a penales con condiciones de seguridad más severas, como Ancón I, Challapalca y Cochamarca. “Los establecimientos penitenciarios van a dejar de ser escuelas del delito”, enfatizó.
El operativo contó con la participación de más de 300 agentes penitenciarios del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), personal del INPE, así como un agente especial de la Unidad Canina, llamado Kayser, especializado en la detección de drogas.
Estas acciones forman parte de una estrategia integral del Gobierno que lidera el presidente José Jerí y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para recuperar el control de los penales, reducir los riesgos asociados a la criminalidad organizada y contribuir, desde el sistema penitenciario, a la seguridad de la ciudadanía.
La intervención se realizó específicamente en el pabellón 4, que alberga a aproximadamente 650 internos, y permitió la incautación de diversos objetos no autorizados, entre ellos un amplificador de sonido, televisores, ventiladores, DVDs, mesas de billar, extensiones eléctricas y tomacorrientes, además de una imagen de la "Santa Muerte", un celular y libretas con números telefónicos, presuntamente utilizadas para mantener comunicaciones ilegales desde el interior del penal.
Durante el operativo, el titular del sector Justicia subrayó que este tipo de acciones son clave para el control efectivo de los penales. “Las acciones que realizamos en los penales son fundamentales para mantener el principio de autoridad y colaborar con la lucha contra la inseguridad ciudadana”, afirmó el ministro Martínez, tras recordar que el penal de Lurigancho cuenta con una población superior a los 10 000 internos, lo que exige medidas permanentes de supervisión y control.
Asimismo, el ministro destacó que la política penitenciaria del Gobierno apunta a cortar la influencia del crimen organizado al interior de los establecimientos. En ese sentido, señaló que se viene separando a los líderes de organizaciones criminales de los internos primarios, trasladándolos a penales con condiciones de seguridad más severas, como Ancón I, Challapalca y Cochamarca. “Los establecimientos penitenciarios van a dejar de ser escuelas del delito”, enfatizó.
El operativo contó con la participación de más de 300 agentes penitenciarios del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), personal del INPE, así como un agente especial de la Unidad Canina, llamado Kayser, especializado en la detección de drogas.
Estas acciones forman parte de una estrategia integral del Gobierno que lidera el presidente José Jerí y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para recuperar el control de los penales, reducir los riesgos asociados a la criminalidad organizada y contribuir, desde el sistema penitenciario, a la seguridad de la ciudadanía.