MINJUSDH advierte: tres razones por las que podrías ser denunciado por el delito de omisión a la asistencia familiar
Nota de prensaNo cumplir con la pensión de alimentos puede derivar en una denuncia penal. El Ministerio de Justicia explica, paso a paso, cuándo se configura este delito y cómo evitar consecuencias legales.
Fotos: MINJUSDH
8 de enero de 2026 - 2:36 p. m.
El incumplimiento del pago de la pensión de alimentos no es un tema menor. Por el contrario, puede convertirse en un delito sancionado con pena privativa de la libertad. Así lo advirtió el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) durante el programa Consultorio Legal, un espacio de orientación gratuita dirigido a la ciudadanía.
Durante el programa, el defensor público Franco Ventura Saavedra explicó que la omisión a la asistencia familiar, regulada por la legislación peruana, sigue un procedimiento claro y progresivo antes de llegar a una denuncia penal. Conocerlo permite a madres, padres y responsables legales tomar decisiones informadas y evitar procesos judiciales.
Señaló que el proceso se inicia cuando el obligado no cumple con la pensión fijada por mandato judicial o por acta de conciliación. Ante ello, el juzgado emite un requerimiento formal para que se regularice el pago dentro del plazo establecido.
Si el incumplimiento persiste, el juzgado procede a calcular el monto total adeudado, incluyendo las pensiones atrasadas. Esta liquidación deja constancia formal de la deuda acumulada y agrava la situación legal del obligado.
Finalmente, si pese a las notificaciones el pago no se realiza, el juez emite un nuevo requerimiento advirtiendo expresamente que el caso será derivado al Ministerio Público. Es en este punto cuando se configura la posibilidad de una denuncia penal por omisión a la asistencia familiar.
“El Estado protege de manera especial el derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir alimentos. No cumplir con esta obligación puede tener consecuencias penales”, señaló el defensor público durante el programa, al exhortar a los obligados a no esperar la última instancia.
Finalmente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reiteró su compromiso de continuar brindando orientación legal gratuita, en beneficio de las familias peruanas. Quienes deseen acceder a este servicio pueden comunicarse a la línea 1884, y también recibir orientación legal gratuita presencial en las más de 402 sedes a nivel nacional.
Para encontrar la dirección más cercana a su domicilio ingrese al portal web www.gob.pe/defensapublica
Durante el programa, el defensor público Franco Ventura Saavedra explicó que la omisión a la asistencia familiar, regulada por la legislación peruana, sigue un procedimiento claro y progresivo antes de llegar a una denuncia penal. Conocerlo permite a madres, padres y responsables legales tomar decisiones informadas y evitar procesos judiciales.
Señaló que el proceso se inicia cuando el obligado no cumple con la pensión fijada por mandato judicial o por acta de conciliación. Ante ello, el juzgado emite un requerimiento formal para que se regularice el pago dentro del plazo establecido.
Si el incumplimiento persiste, el juzgado procede a calcular el monto total adeudado, incluyendo las pensiones atrasadas. Esta liquidación deja constancia formal de la deuda acumulada y agrava la situación legal del obligado.
Finalmente, si pese a las notificaciones el pago no se realiza, el juez emite un nuevo requerimiento advirtiendo expresamente que el caso será derivado al Ministerio Público. Es en este punto cuando se configura la posibilidad de una denuncia penal por omisión a la asistencia familiar.
“El Estado protege de manera especial el derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir alimentos. No cumplir con esta obligación puede tener consecuencias penales”, señaló el defensor público durante el programa, al exhortar a los obligados a no esperar la última instancia.
Finalmente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reiteró su compromiso de continuar brindando orientación legal gratuita, en beneficio de las familias peruanas. Quienes deseen acceder a este servicio pueden comunicarse a la línea 1884, y también recibir orientación legal gratuita presencial en las más de 402 sedes a nivel nacional.
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