MINJUSDH propone modificar el Código de Ejecución Penal para fortalecer el Régimen Cerrado Especial y reforzar la seguridad penitenciaria
Nota de prensaPropuesta incorpora una etapa de máxima seguridad, restringe beneficios penitenciarios y refuerza el control para internos de alta peligrosidad.
23 de diciembre de 2025 - 12:38 p. m.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) presentó una propuesta de modificación al Código de Ejecución Penal con el objetivo de fortalecer el Régimen Cerrado Especial y reforzar la seguridad en los establecimientos penitenciarios, como parte de una estrategia integral para combatir el crimen organizado y proteger a la ciudadanía.
La iniciativa busca impedir que personas condenadas por delitos graves accedan a beneficios penitenciarios o progresen a regímenes menos estrictos, pese a representar un alto riesgo para la seguridad ciudadana. Con ello, se apunta a garantizar que las penas se cumplan con mayor rigor y a evitar que las cárceles se conviertan en centros de operación delictiva.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la restricción de beneficios penitenciarios para internos sentenciados por delitos de especial gravedad como extorsión, sicariato y homicidio calificado. Asimismo, se plantea establecer un control judicial específico sobre la redención de pena por educación y trabajo cuando esta sea utilizada para adelantar la excarcelación, asegurando que los mecanismos de rehabilitación no sean distorsionados ni utilizados como vías de impunidad.
La propuesta incorpora la creación de una etapa de máxima seguridad dentro del Régimen Cerrado Especial, de aplicación exclusiva a internos que presentan un nivel de peligrosidad extrema, cuya permanencia y progresión se sujetan a criterios de excepcionalidad reforzada, con el fin de impedir su acceso a un régimen de vida más flexible. Esta medida tiene por objeto neutralizar la capacidad de dirección y continuidad de actividades criminales desde el interior de los establecimientos penitenciarios, así como fortalecer el control efectivo y la seguridad del sistema penitenciario.
Adicionalmente, se plantea implementar un sistema de clasificación automática y obligatoria para personas condenadas por delitos de alto impacto social, lo que permitirá su asignación inmediata al régimen correspondiente, agilizando la gestión penitenciaria y eliminando trámites administrativos que hoy retrasan decisiones clave en materia de seguridad.
Con esta propuesta, el MINJUSDH reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y con un sistema penitenciario más firme, transparente y eficaz, orientado a garantizar el cumplimiento efectivo de las penas, bajo criterios claros y objetivos, en estricto respeto de la Constitución y el Estado de derecho.
La iniciativa busca impedir que personas condenadas por delitos graves accedan a beneficios penitenciarios o progresen a regímenes menos estrictos, pese a representar un alto riesgo para la seguridad ciudadana. Con ello, se apunta a garantizar que las penas se cumplan con mayor rigor y a evitar que las cárceles se conviertan en centros de operación delictiva.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la restricción de beneficios penitenciarios para internos sentenciados por delitos de especial gravedad como extorsión, sicariato y homicidio calificado. Asimismo, se plantea establecer un control judicial específico sobre la redención de pena por educación y trabajo cuando esta sea utilizada para adelantar la excarcelación, asegurando que los mecanismos de rehabilitación no sean distorsionados ni utilizados como vías de impunidad.
La propuesta incorpora la creación de una etapa de máxima seguridad dentro del Régimen Cerrado Especial, de aplicación exclusiva a internos que presentan un nivel de peligrosidad extrema, cuya permanencia y progresión se sujetan a criterios de excepcionalidad reforzada, con el fin de impedir su acceso a un régimen de vida más flexible. Esta medida tiene por objeto neutralizar la capacidad de dirección y continuidad de actividades criminales desde el interior de los establecimientos penitenciarios, así como fortalecer el control efectivo y la seguridad del sistema penitenciario.
Adicionalmente, se plantea implementar un sistema de clasificación automática y obligatoria para personas condenadas por delitos de alto impacto social, lo que permitirá su asignación inmediata al régimen correspondiente, agilizando la gestión penitenciaria y eliminando trámites administrativos que hoy retrasan decisiones clave en materia de seguridad.
Con esta propuesta, el MINJUSDH reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y con un sistema penitenciario más firme, transparente y eficaz, orientado a garantizar el cumplimiento efectivo de las penas, bajo criterios claros y objetivos, en estricto respeto de la Constitución y el Estado de derecho.