Tarapoto: MINJUSDH refuerza educación cívica y verifica calidad de servicios

Más de 600 estudiantes de la Institución Educativa Ofelia Velásquez de Tarapoto, región San Martín, participaron en una jornada de orientación sobre la Constitución Política del Perú y los derechos humanos, como parte de la iniciativa “MINJUSDH en tu escuela”, perteneciente al programa académico Llactaruna. La actividad fue liderada por el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Walther Iberos Guevara, quien destacó la importancia de fortalecer la formación ciudadana desde temprana edad.

“La Constitución Política del Perú no es solo un texto legal; es la base que nos asegura los derechos fundamentales y, más importante aún, establece nuestras responsabilidades como ciudadanos. Queremos que sean ciudadanos informados, conscientes de sus derechos y deberes, y capaces de participar en los asuntos públicos de su comunidad”, destacó el viceministro.

Durante el 2025, esta estrategia educativa a cargo del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos ha llegado a 12 regiones del país y a más de 50 instituciones educativas, contribuyendo a reforzar la educación cívica tanto en zonas urbanas como rurales. En Tarapoto, la jornada permitió sensibilizar a los jóvenes sobre sus derechos y deberes, promoviendo una ciudadanía activa y el compromiso con los valores democráticos y constitucionales.

Asimismo, como parte de su agenda en la región San Martín, el viceministro Iberos también supervisó el establecimiento penitenciario de Tarapoto, donde verificó el estado de las instalaciones y el funcionamiento de los talleres productivos de carpintería, así como las áreas de enfermería y cocina, constatando que operan en condiciones adecuadas.

Además, verificó la calidad del servicio, la atención al ciudadano y el correcto funcionamiento de los procesos registrales en la Oficina Registral de SUNARP en Tarapoto, revisando procedimientos, tiempos de respuesta y condiciones de atención.

De esta manera, el MINJUSDH reafirma su compromiso con la protección de derechos, la promoción de una ciudadanía informada y el fortalecimiento de los servicios que brinda a la comunidad educativa y a la población penitenciaria, así como con el acceso a servicios registrales de calidad en todo el país.