Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Ministro Martínez presenta presupuesto 2026 con enfoque en protección de derechos y atención a víctimas

Nota de prensa
Plan expuesto ante el Pleno destaca metas de servicio a la ciudadanía, ejecución eficiente de recursos y fortalecimiento del trabajo de los operadores del sistema de justicia.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, presentó ante el Pleno del Congreso el presupuesto del sector para el año fiscal 2026, que asciende a S/ 2 371 millones, con énfasis en la continuidad de los servicios esenciales para la ciudadanía, la protección de los derechos humanos y la atención a poblaciones vulnerables. Durante su intervención, el titular del MINJUSDH destacó que el sector mantiene niveles de ejecución presupuestal cercanos al 100 %. “Tenemos cifras superiores al 98 % y proyecciones de cierre por encima del 95 % para el año 2025”, señaló. Agregó que el presupuesto 2026 prioriza proyectos de inversión orientados a necesidades reales: infraestructura penitenciaria, locales para la prestación de servicios y modernización tecnológica para reforzar la seguridad jurídica. Sin embargo, advirtió que aún existen brechas importantes que no han podido ser cubiertas debido a los límites del marco fiscal. En esa línea, detalló que el sector proyecta capacitar a un mayor número de ciudadanos en justicia y derechos humanos, continuará con el pago de reparaciones económicas a más de 200 beneficiarios y fortalecerá la emisión de informes de investigación humanitaria vinculados a la búsqueda de personas desaparecidas. Asimismo, se plantea incrementar las actividades educativas para adolescentes en centros juveniles y ampliar las oportunidades de inserción laboral. En el ámbito del sistema penitenciario, se reforzarán los programas de reinserción social y se incrementarán las requisas y traslados de internos de alta peligrosidad hacia pabellones de máxima seguridad, contribuyendo así a la lucha contra la inseguridad ciudadana. Una de las metas centrales del sector es garantizar un acceso efectivo a la justicia para personas en situación de vulnerabilidad, víctimas de violencia, comunidades campesinas e indígenas y población discriminada. Para el 2026, se proyectan 1 800 000 atenciones legales gratuitas a través de la Defensa Pública y otros servicios especializados. El ministro resaltó también los avances previstos en seguridad jurídica, fundamentales para promover inversiones y brindar confianza a la ciudadanía. En cuanto a la defensa jurídica del Estado, se espera un aumento en la atención de casos vinculados al crimen organizado, terrorismo y delitos contra el orden público, lo que permitirá incrementar la recuperación de reparaciones civiles. Finalmente, Martínez Laura subrayó que el presupuesto del sector justicia “no es un tema corporativo ni sectorial, es un tema de bienestar nacional y de mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos”. Recordó que las decisiones del Pleno impactarán directamente en la protección de derechos, la seguridad de las familias, la confianza de los inversionistas y la cohesión social del país.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, presentó ante el Pleno del Congreso el presupuesto del sector para el año fiscal 2026, que asciende a S/ 2 371 millones, con énfasis en la continuidad de los servicios esenciales para la ciudadanía, la protección de los derechos humanos y la atención a poblaciones vulnerables. Durante su intervención, el titular del MINJUSDH destacó que el sector mantiene niveles de ejecución presupuestal cercanos al 100 %. “Tenemos cifras superiores al 98 % y proyecciones de cierre por encima del 95 % para el año 2025”, señaló. Agregó que el presupuesto 2026 prioriza proyectos de inversión orientados a necesidades reales: infraestructura penitenciaria, locales para la prestación de servicios y modernización tecnológica para reforzar la seguridad jurídica. Sin embargo, advirtió que aún existen brechas importantes que no han podido ser cubiertas debido a los límites del marco fiscal. En esa línea, detalló que el sector proyecta capacitar a un mayor número de ciudadanos en justicia y derechos humanos, continuará con el pago de reparaciones económicas a más de 200 beneficiarios y fortalecerá la emisión de informes de investigación humanitaria vinculados a la búsqueda de personas desaparecidas. Asimismo, se plantea incrementar las actividades educativas para adolescentes en centros juveniles y ampliar las oportunidades de inserción laboral. En el ámbito del sistema penitenciario, se reforzarán los programas de reinserción social y se incrementarán las requisas y traslados de internos de alta peligrosidad hacia pabellones de máxima seguridad, contribuyendo así a la lucha contra la inseguridad ciudadana. Una de las metas centrales del sector es garantizar un acceso efectivo a la justicia para personas en situación de vulnerabilidad, víctimas de violencia, comunidades campesinas e indígenas y población discriminada. Para el 2026, se proyectan 1 800 000 atenciones legales gratuitas a través de la Defensa Pública y otros servicios especializados. El ministro resaltó también los avances previstos en seguridad jurídica, fundamentales para promover inversiones y brindar confianza a la ciudadanía. En cuanto a la defensa jurídica del Estado, se espera un aumento en la atención de casos vinculados al crimen organizado, terrorismo y delitos contra el orden público, lo que permitirá incrementar la recuperación de reparaciones civiles. Finalmente, Martínez Laura subrayó que el presupuesto del sector justicia “no es un tema corporativo ni sectorial, es un tema de bienestar nacional y de mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos”. Recordó que las decisiones del Pleno impactarán directamente en la protección de derechos, la seguridad de las familias, la confianza de los inversionistas y la cohesión social del país.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, presentó ante el Pleno del Congreso el presupuesto del sector para el año fiscal 2026, que asciende a S/ 2 371 millones, con énfasis en la continuidad de los servicios esenciales para la ciudadanía, la protección de los derechos humanos y la atención a poblaciones vulnerables. Durante su intervención, el titular del MINJUSDH destacó que el sector mantiene niveles de ejecución presupuestal cercanos al 100 %. “Tenemos cifras superiores al 98 % y proyecciones de cierre por encima del 95 % para el año 2025”, señaló. Agregó que el presupuesto 2026 prioriza proyectos de inversión orientados a necesidades reales: infraestructura penitenciaria, locales para la prestación de servicios y modernización tecnológica para reforzar la seguridad jurídica. Sin embargo, advirtió que aún existen brechas importantes que no han podido ser cubiertas debido a los límites del marco fiscal. En esa línea, detalló que el sector proyecta capacitar a un mayor número de ciudadanos en justicia y derechos humanos, continuará con el pago de reparaciones económicas a más de 200 beneficiarios y fortalecerá la emisión de informes de investigación humanitaria vinculados a la búsqueda de personas desaparecidas. Asimismo, se plantea incrementar las actividades educativas para adolescentes en centros juveniles y ampliar las oportunidades de inserción laboral. En el ámbito del sistema penitenciario, se reforzarán los programas de reinserción social y se incrementarán las requisas y traslados de internos de alta peligrosidad hacia pabellones de máxima seguridad, contribuyendo así a la lucha contra la inseguridad ciudadana. Una de las metas centrales del sector es garantizar un acceso efectivo a la justicia para personas en situación de vulnerabilidad, víctimas de violencia, comunidades campesinas e indígenas y población discriminada. Para el 2026, se proyectan 1 800 000 atenciones legales gratuitas a través de la Defensa Pública y otros servicios especializados. El ministro resaltó también los avances previstos en seguridad jurídica, fundamentales para promover inversiones y brindar confianza a la ciudadanía. En cuanto a la defensa jurídica del Estado, se espera un aumento en la atención de casos vinculados al crimen organizado, terrorismo y delitos contra el orden público, lo que permitirá incrementar la recuperación de reparaciones civiles. Finalmente, Martínez Laura subrayó que el presupuesto del sector justicia “no es un tema corporativo ni sectorial, es un tema de bienestar nacional y de mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos”. Recordó que las decisiones del Pleno impactarán directamente en la protección de derechos, la seguridad de las familias, la confianza de los inversionistas y la cohesión social del país.

Fotos: MINJUSDH

MINJUSDH

25 de noviembre de 2025 - 6:04 p. m.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, presentó ante el Pleno del Congreso el presupuesto del sector para el año fiscal 2026, que asciende a S/ 2 371 millones, con énfasis en la continuidad de los servicios esenciales para la ciudadanía, la protección de los derechos humanos y la atención a poblaciones vulnerables.


Durante su intervención, el titular del MINJUSDH destacó que el sector mantiene niveles de ejecución presupuestal cercanos al 100 %. “Tenemos cifras superiores al 98 % y proyecciones de cierre por encima del 95 % para el año 2025”, señaló.


Agregó que el presupuesto 2026 prioriza proyectos de inversión orientados a necesidades reales: infraestructura penitenciaria, locales para la prestación de servicios y modernización tecnológica para reforzar la seguridad jurídica. Sin embargo, advirtió que aún existen brechas importantes que no han podido ser cubiertas debido a los límites del marco fiscal.


En esa línea, detalló que el sector proyecta capacitar a un mayor número de ciudadanos en justicia y derechos humanos, continuará con el pago de reparaciones económicas a más de 200 beneficiarios y fortalecerá la emisión de informes de investigación humanitaria vinculados a la búsqueda de personas desaparecidas.


Asimismo, se plantea incrementar las actividades educativas para adolescentes en centros juveniles y ampliar las oportunidades de inserción laboral. En el ámbito del sistema penitenciario, se reforzarán los programas de reinserción social y se incrementarán las requisas y traslados de internos de alta peligrosidad hacia pabellones de máxima seguridad, contribuyendo así a la lucha contra la inseguridad ciudadana.


Una de las metas centrales del sector es garantizar un acceso efectivo a la justicia para personas en situación de vulnerabilidad, víctimas de violencia, comunidades campesinas e indígenas y población discriminada. Para el 2026, se proyectan 1 800 000 atenciones legales gratuitas a través de la Defensa Pública y otros servicios especializados.


El ministro resaltó también los avances previstos en seguridad jurídica, fundamentales para promover inversiones y brindar confianza a la ciudadanía. En cuanto a la defensa jurídica del Estado, se espera un aumento en la atención de casos vinculados al crimen organizado, terrorismo y delitos contra el orden público, lo que permitirá incrementar la recuperación de reparaciones civiles.


Finalmente, Martínez Laura subrayó que el presupuesto del sector justicia “no es un tema corporativo ni sectorial, es un tema de bienestar nacional y de mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos”. Recordó que las decisiones del Pleno impactarán directamente en la protección de derechos, la seguridad de las familias, la confianza de los inversionistas y la cohesión social del país.