Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Pedido de facultades: Gobierno propone la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización

Nota de prensa
En el Congreso, el ministro Walter Martínez expuso las 14 propuestas en materia de Justicia y Derechos Humanos para fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada.
En la sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, expuso las 14 propuestas del sector para fortalecer la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad; así como promover el fortalecimiento institucional. “La coyuntura actual nos obliga a actuar con determinación y a modernizar nuestras herramientas legales”, afirmó. En la actividad, liderada por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, el titular del sector Justicia afirmó que la estructura organizacional del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) está desfasada y no se encuentra acorde con la realidad delictiva actual. Por ello, se plantea la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), ente rector que absorberá al INPE y al Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ). “Bajo dicha superintendencia se materializará una estructura organizacional moderna, especializada y eficiente, que fortalecerá la seguridad y el tratamiento penitenciario y, lo más importante, reducirá el nivel de reincidencia delictiva y de infracción de la ley penal”, expresó. Asimismo, se plantean modificaciones al Código de Ejecución Penal para crear una etapa de extrema seguridad en el Régimen Cerrado Especial sin posibilidad de progresión para internos de peligrosidad extrema, y restringir beneficios en delitos como extorsión y homicidio calificado. Para combatir las redes de telecomunicaciones ilegales en penales, se incorporará al Código Penal el delito agravado de suministro ilegal de servicios de telecomunicaciones, sancionando a quienes instalan, financian u operan estas redes. El ministro Walter Martínez destacó medidas prioritarias contra la extorsión: regular la inteligencia criminal como fase preprocesal, incluir la extorsión en el catálogo de emergencias que permite levantar el secreto de comunicaciones en 24 horas, y autorizar la revisión inmediata de equipos informáticos incautados en flagrancia por extorsión, sicariato o secuestro. Por su parte, se propone reducir de tres años a uno el plazo para destruir armas incautadas, incorporando supervisión del Ministerio Público para evitar su reingreso al mercado ilícito. Entre las medidas, se plantea crear el Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos (SEEDC), con fiscalías, juzgados y unidades policiales especializadas. Además, los juzgados de justicia juvenil funcionarán de forma unipersonal en lugar de colegiada para agilizar procesos. Señala que el aumento de delitos como sicariato y extorsión exige que la Policía Nacional despliegue sus operaciones sin interferencias y con la debida reserva. Por ello, se propone incorporar el artículo 26-A en la Ley n.° 31061 para evitar interferencias y actos invasivos a las operaciones de la PNP de persecución del delito en los estados de emergencia. Añadió que miles de ciudadanos sufren un acceso limitado a la justicia. Por ello, se plantea la creación de la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (SUNADEP). Su autonomía permitirá alcanzar altos estándares de calidad y eficiencia en los servicios, y proyectamos pasar a un mínimo de 14 defensores por cada 10,000 personas en situación de pobreza.
En la sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, expuso las 14 propuestas del sector para fortalecer la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad; así como promover el fortalecimiento institucional. “La coyuntura actual nos obliga a actuar con determinación y a modernizar nuestras herramientas legales”, afirmó. En la actividad, liderada por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, el titular del sector Justicia afirmó que la estructura organizacional del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) está desfasada y no se encuentra acorde con la realidad delictiva actual. Por ello, se plantea la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), ente rector que absorberá al INPE y al Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ). “Bajo dicha superintendencia se materializará una estructura organizacional moderna, especializada y eficiente, que fortalecerá la seguridad y el tratamiento penitenciario y, lo más importante, reducirá el nivel de reincidencia delictiva y de infracción de la ley penal”, expresó. Asimismo, se plantean modificaciones al Código de Ejecución Penal para crear una etapa de extrema seguridad en el Régimen Cerrado Especial sin posibilidad de progresión para internos de peligrosidad extrema, y restringir beneficios en delitos como extorsión y homicidio calificado. Para combatir las redes de telecomunicaciones ilegales en penales, se incorporará al Código Penal el delito agravado de suministro ilegal de servicios de telecomunicaciones, sancionando a quienes instalan, financian u operan estas redes. El ministro Walter Martínez destacó medidas prioritarias contra la extorsión: regular la inteligencia criminal como fase preprocesal, incluir la extorsión en el catálogo de emergencias que permite levantar el secreto de comunicaciones en 24 horas, y autorizar la revisión inmediata de equipos informáticos incautados en flagrancia por extorsión, sicariato o secuestro. Por su parte, se propone reducir de tres años a uno el plazo para destruir armas incautadas, incorporando supervisión del Ministerio Público para evitar su reingreso al mercado ilícito. Entre las medidas, se plantea crear el Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos (SEEDC), con fiscalías, juzgados y unidades policiales especializadas. Además, los juzgados de justicia juvenil funcionarán de forma unipersonal en lugar de colegiada para agilizar procesos. Señala que el aumento de delitos como sicariato y extorsión exige que la Policía Nacional despliegue sus operaciones sin interferencias y con la debida reserva. Por ello, se propone incorporar el artículo 26-A en la Ley n.° 31061 para evitar interferencias y actos invasivos a las operaciones de la PNP de persecución del delito en los estados de emergencia. Añadió que miles de ciudadanos sufren un acceso limitado a la justicia. Por ello, se plantea la creación de la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (SUNADEP). Su autonomía permitirá alcanzar altos estándares de calidad y eficiencia en los servicios, y proyectamos pasar a un mínimo de 14 defensores por cada 10,000 personas en situación de pobreza.
En la sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, expuso las 14 propuestas del sector para fortalecer la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad; así como promover el fortalecimiento institucional. “La coyuntura actual nos obliga a actuar con determinación y a modernizar nuestras herramientas legales”, afirmó. En la actividad, liderada por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, el titular del sector Justicia afirmó que la estructura organizacional del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) está desfasada y no se encuentra acorde con la realidad delictiva actual. Por ello, se plantea la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), ente rector que absorberá al INPE y al Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ). “Bajo dicha superintendencia se materializará una estructura organizacional moderna, especializada y eficiente, que fortalecerá la seguridad y el tratamiento penitenciario y, lo más importante, reducirá el nivel de reincidencia delictiva y de infracción de la ley penal”, expresó. Asimismo, se plantean modificaciones al Código de Ejecución Penal para crear una etapa de extrema seguridad en el Régimen Cerrado Especial sin posibilidad de progresión para internos de peligrosidad extrema, y restringir beneficios en delitos como extorsión y homicidio calificado. Para combatir las redes de telecomunicaciones ilegales en penales, se incorporará al Código Penal el delito agravado de suministro ilegal de servicios de telecomunicaciones, sancionando a quienes instalan, financian u operan estas redes. El ministro Walter Martínez destacó medidas prioritarias contra la extorsión: regular la inteligencia criminal como fase preprocesal, incluir la extorsión en el catálogo de emergencias que permite levantar el secreto de comunicaciones en 24 horas, y autorizar la revisión inmediata de equipos informáticos incautados en flagrancia por extorsión, sicariato o secuestro. Por su parte, se propone reducir de tres años a uno el plazo para destruir armas incautadas, incorporando supervisión del Ministerio Público para evitar su reingreso al mercado ilícito. Entre las medidas, se plantea crear el Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos (SEEDC), con fiscalías, juzgados y unidades policiales especializadas. Además, los juzgados de justicia juvenil funcionarán de forma unipersonal en lugar de colegiada para agilizar procesos. Señala que el aumento de delitos como sicariato y extorsión exige que la Policía Nacional despliegue sus operaciones sin interferencias y con la debida reserva. Por ello, se propone incorporar el artículo 26-A en la Ley n.° 31061 para evitar interferencias y actos invasivos a las operaciones de la PNP de persecución del delito en los estados de emergencia. Añadió que miles de ciudadanos sufren un acceso limitado a la justicia. Por ello, se plantea la creación de la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (SUNADEP). Su autonomía permitirá alcanzar altos estándares de calidad y eficiencia en los servicios, y proyectamos pasar a un mínimo de 14 defensores por cada 10,000 personas en situación de pobreza.
En la sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, expuso las 14 propuestas del sector para fortalecer la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad; así como promover el fortalecimiento institucional. “La coyuntura actual nos obliga a actuar con determinación y a modernizar nuestras herramientas legales”, afirmó. En la actividad, liderada por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, el titular del sector Justicia afirmó que la estructura organizacional del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) está desfasada y no se encuentra acorde con la realidad delictiva actual. Por ello, se plantea la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), ente rector que absorberá al INPE y al Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ). “Bajo dicha superintendencia se materializará una estructura organizacional moderna, especializada y eficiente, que fortalecerá la seguridad y el tratamiento penitenciario y, lo más importante, reducirá el nivel de reincidencia delictiva y de infracción de la ley penal”, expresó. Asimismo, se plantean modificaciones al Código de Ejecución Penal para crear una etapa de extrema seguridad en el Régimen Cerrado Especial sin posibilidad de progresión para internos de peligrosidad extrema, y restringir beneficios en delitos como extorsión y homicidio calificado. Para combatir las redes de telecomunicaciones ilegales en penales, se incorporará al Código Penal el delito agravado de suministro ilegal de servicios de telecomunicaciones, sancionando a quienes instalan, financian u operan estas redes. El ministro Walter Martínez destacó medidas prioritarias contra la extorsión: regular la inteligencia criminal como fase preprocesal, incluir la extorsión en el catálogo de emergencias que permite levantar el secreto de comunicaciones en 24 horas, y autorizar la revisión inmediata de equipos informáticos incautados en flagrancia por extorsión, sicariato o secuestro. Por su parte, se propone reducir de tres años a uno el plazo para destruir armas incautadas, incorporando supervisión del Ministerio Público para evitar su reingreso al mercado ilícito. Entre las medidas, se plantea crear el Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos (SEEDC), con fiscalías, juzgados y unidades policiales especializadas. Además, los juzgados de justicia juvenil funcionarán de forma unipersonal en lugar de colegiada para agilizar procesos. Señala que el aumento de delitos como sicariato y extorsión exige que la Policía Nacional despliegue sus operaciones sin interferencias y con la debida reserva. Por ello, se propone incorporar el artículo 26-A en la Ley n.° 31061 para evitar interferencias y actos invasivos a las operaciones de la PNP de persecución del delito en los estados de emergencia. Añadió que miles de ciudadanos sufren un acceso limitado a la justicia. Por ello, se plantea la creación de la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (SUNADEP). Su autonomía permitirá alcanzar altos estándares de calidad y eficiencia en los servicios, y proyectamos pasar a un mínimo de 14 defensores por cada 10,000 personas en situación de pobreza.

Fotos: MINJUSDH

MINJUSDH

24 de noviembre de 2025 - 12:26 p. m.

En la sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, expuso las 14 propuestas del sector para fortalecer la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad; así como promover el fortalecimiento institucional. “La coyuntura actual nos obliga a actuar con determinación y a modernizar nuestras herramientas legales”, afirmó.

En la actividad, liderada por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, el titular del sector Justicia afirmó que la estructura organizacional del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) está desfasada y no se encuentra acorde con la realidad delictiva actual. Por ello, se plantea la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), ente rector que absorberá al INPE y al Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ).

“Bajo dicha superintendencia se materializará una estructura organizacional moderna, especializada y eficiente, que fortalecerá la seguridad y el tratamiento penitenciario y, lo más importante, reducirá el nivel de reincidencia delictiva y de infracción de la ley penal”, expresó.

Asimismo, se plantean modificaciones al Código de Ejecución Penal para crear una etapa de extrema seguridad en el Régimen Cerrado Especial sin posibilidad de progresión para internos de peligrosidad extrema, y restringir beneficios en delitos como extorsión y homicidio calificado.
Para combatir las redes de telecomunicaciones ilegales en penales, se incorporará al Código Penal el delito agravado de suministro ilegal de servicios de telecomunicaciones, sancionando a quienes instalan, financian u operan estas redes.

El ministro Walter Martínez destacó medidas prioritarias contra la extorsión: regular la inteligencia criminal como fase preprocesal, incluir la extorsión en el catálogo de emergencias que permite levantar el secreto de comunicaciones en 24 horas, y autorizar la revisión inmediata de equipos informáticos incautados en flagrancia por extorsión, sicariato o secuestro.
Por su parte, se propone reducir de tres años a uno el plazo para destruir armas incautadas, incorporando supervisión del Ministerio Público para evitar su reingreso al mercado ilícito.

Entre las medidas, se plantea crear el Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos (SEEDC), con fiscalías, juzgados y unidades policiales especializadas. Además, los juzgados de justicia juvenil funcionarán de forma unipersonal en lugar de colegiada para agilizar procesos.
Señala que el aumento de delitos como sicariato y extorsión exige que la Policía Nacional despliegue sus operaciones sin interferencias y con la debida reserva. Por ello, se propone incorporar el artículo 26-A en la Ley n.° 31061 para evitar interferencias y actos invasivos a las operaciones de la PNP de persecución del delito en los estados de emergencia.
Añadió que miles de ciudadanos sufren un acceso limitado a la justicia. Por ello, se plantea la creación de la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (SUNADEP). Su autonomía permitirá alcanzar altos estándares de calidad y eficiencia en los servicios, y proyectamos pasar a un mínimo de 14 defensores por cada 10,000 personas en situación de pobreza.