Gobierno endurece control en penales y sanciones contra corrupción carcelaria

Nota de prensa
Nuevas normas refuerzan la vigilancia sobre internos peligrosos y castigan a funcionarios corruptos con destitución e inhabilitación
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1 de noviembre de 2025 - 8:00 a. m.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) aprobó dos decretos supremos para fortalecer la seguridad en los establecimientos penitenciarios del país y combatir frontalmente la corrupción dentro del sistema carcelario.

Primera medida: mayor control sobre internos de alta peligrosidad
El Decreto Supremo N.º 019-2025-JUS modifica el Reglamento del Código de Ejecución Penal para establecer reglas más estrictas en el régimen cerrado especial, que alberga a los internos más peligrosos del sistema penitenciario.

¿Cómo funciona el nuevo sistema de etapas?
El régimen cerrado especial se divide en tres etapas (A, B y C), cada una con niveles diferentes de restricción según el comportamiento del interno:
- Etapa A - Máxima restricción: Los internos en esta etapa enfrentan las condiciones más estrictas del sistema. Solo tienen derecho a dos horas diarias de patio en horario programado y pueden recibir una visita cada quince días de un familiar directo, por una hora, únicamente en locutorio. El resto del día deben permanecer en su celda, sin posibilidad de transitar por pasadizos, bajo disciplina estricta y vigilancia constante.
- Etapa B - Restricción moderada: Esta etapa mantiene el control y la vigilancia, pero con algunas flexibilizaciones. Los internos tienen derecho a tres horas de patio y pueden recibir dos visitas cada quince días de familiares directos, por dos horas cada una, también en locutorio.
- Etapa C - Régimen para buena conducta: Reservada para quienes demuestran mejor comportamiento, esta etapa otorga cuatro horas de patio y permite visitas directas de hasta tres horas bajo supervisión, representando una mejora significativa en las condiciones de reclusión.

¿Qué se busca con estas medidas?
Estas nuevas reglas buscan prevenir que desde los penales se dirijan actividades criminales que afecten a la ciudadanía, impedir el ingreso de objetos prohibidos como armas, celulares y drogas, y garantizar el orden y la seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios.

Segunda medida: tolerancia cero con la corrupción penitenciaria
El Decreto Supremo N.º 020-2025-JUS aprueba un nuevo reglamento de faltas y sanciones para los trabajadores del sistema penitenciario, estableciendo castigos severos para quienes incurran en actos de corrupción.

¿Qué conductas se sancionan?
El nuevo reglamento clasifica las faltas en tres categorías según su gravedad. Las faltas leves incluyen tardanzas injustificadas e incumplimiento de órdenes básicas. Las faltas graves abarcan negligencia en las funciones, actos de violencia, mantener vínculos indebidos con internos y transportar objetos o dinero de los internos.

Las faltas muy graves comprenden las conductas más serias: abuso de autoridad, ingresar drogas o celulares al penal, mantener relaciones con internos, facilitar fugas y obstruir inspecciones.

¿Qué sanciones enfrentan los funcionarios corruptos?
Las sanciones van desde amonestaciones hasta la destitución, dependiendo de la gravedad de la falta. Los casos más graves tienen consecuencias severas: el funcionario destituido queda inhabilitado automáticamente por cinco años para ejercer cualquier función pública y por diez años para trabajar en el sistema penitenciario.

Además, la norma dispone un plan de capacitación nacional para fortalecer las capacidades del personal penitenciario y promover una cultura de integridad en todo el sistema.

Un mensaje claro del Estado
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, señaló que estas normas refuerzan la seguridad penitenciaria y promueven la transparencia en la gestión del sistema de justicia. "El mensaje es claro: no habrá tolerancia con la corrupción ni con quienes desde los penales intenten seguir dirigiendo actividades criminales", afirmó.

Con estas medidas, el Gobierno peruano apuesta por un sistema penitenciario más seguro, transparente y libre de corrupción.