Perú fortalece la lucha contra el crimen organizado a través de la Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030
Nota de prensaMinistro Enrique Alcántara explicó que “por primera vez, el Perú cuenta con una hoja de ruta nacional, multisectorial, preventiva y de cumplimiento obligatorio”.
1 de julio de 2025 - 12:16 p. m.
En ceremonia liderada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara Medrano, se presentó oficialmente la Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030, hito que fortalece la lucha del Estado contra el crimen organizado.
Durante su intervención, el titular del MINJUSDH destacó que "por primera vez, el Perú cuenta con una hoja de ruta nacional, preventiva y obligatoria para combatir el lavado de activos”. Añadió que “esta política es el resultado de un trabajo serio, técnico, comprometido y, sobre todo, multisectorial”.
Detalló que la política cuenta con cuatro objetivos prioritarios, ocho lineamientos, y diecinueve servicios públicos, todos diseñados con indicadores de calidad. “Su meta es clara: reducir la incidencia del lavado de activos y blindar al Perú del ingreso de dinero ilícito. No solo busca castigar, sino también prevenir, educar y proteger”, señaló el ministro
Resaltó que uno de los grandes aportes de esta política es su enfoque territorial y multisectorial, ya que involucra a todo el aparato estatal, desde ministerios y gobiernos regionales hasta el sector privado y la sociedad civil. Además, contempla capacitaciones especializadas para fiscales, jueces y policías, junto con campañas de educación ciudadana y el fortalecimiento de la coordinación institucional.
Según explicó, la implementación de esta estrategia coloca al Perú en la vanguardia regional, dando cumplimiento a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), especialmente al número 2, que exige contar con políticas nacionales actualizadas y eficaces. De esta forma, el país también se prepara para la V Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que se llevará a cabo entre 2029 y 2030.
"Con esta política, el Estado envía un mensaje firme y claro: el Perú no tolerará el uso del sistema financiero para lavar dinero ilícito. No permitiremos que los recursos del crimen contaminen nuestra economía ni socaven nuestras instituciones. Esta política fortalece la democracia, protege los derechos ciudadanos y promueve un país más justo y transparente", enfatizó el ministro Alcántara
Es importante indicar que, en el marco de la Resolución Ministerial N° 132-2021-JUS, se creó un Grupo de Trabajo Multisectorial, integrado por 23 instituciones públicas y presidido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú), asumió la Secretaría Técnica, mientras que el proceso fue liderado desde la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONTRALAFT).
Este esfuerzo colectivo culminó con la aprobación de la Política al 2030 mediante el Decreto Supremo N° 010-2025-JUS, publicado el pasado 20 de junio. Se trata de un documento estratégico, validado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), y alineado a los estándares internacionales del GAFI.
En la ceremonia de presentación estuvieron presentes el superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Espinosa; el viceministro (e) de Justicia y presidente de la CONTRALAFT, Beyker Chamorro; y la superintendenta adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y vicepresidenta de la CONTRALAFT, María Fernanda García-Yrigoyen
Durante su intervención, el titular del MINJUSDH destacó que "por primera vez, el Perú cuenta con una hoja de ruta nacional, preventiva y obligatoria para combatir el lavado de activos”. Añadió que “esta política es el resultado de un trabajo serio, técnico, comprometido y, sobre todo, multisectorial”.
Detalló que la política cuenta con cuatro objetivos prioritarios, ocho lineamientos, y diecinueve servicios públicos, todos diseñados con indicadores de calidad. “Su meta es clara: reducir la incidencia del lavado de activos y blindar al Perú del ingreso de dinero ilícito. No solo busca castigar, sino también prevenir, educar y proteger”, señaló el ministro
Resaltó que uno de los grandes aportes de esta política es su enfoque territorial y multisectorial, ya que involucra a todo el aparato estatal, desde ministerios y gobiernos regionales hasta el sector privado y la sociedad civil. Además, contempla capacitaciones especializadas para fiscales, jueces y policías, junto con campañas de educación ciudadana y el fortalecimiento de la coordinación institucional.
Según explicó, la implementación de esta estrategia coloca al Perú en la vanguardia regional, dando cumplimiento a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), especialmente al número 2, que exige contar con políticas nacionales actualizadas y eficaces. De esta forma, el país también se prepara para la V Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que se llevará a cabo entre 2029 y 2030.
"Con esta política, el Estado envía un mensaje firme y claro: el Perú no tolerará el uso del sistema financiero para lavar dinero ilícito. No permitiremos que los recursos del crimen contaminen nuestra economía ni socaven nuestras instituciones. Esta política fortalece la democracia, protege los derechos ciudadanos y promueve un país más justo y transparente", enfatizó el ministro Alcántara
Es importante indicar que, en el marco de la Resolución Ministerial N° 132-2021-JUS, se creó un Grupo de Trabajo Multisectorial, integrado por 23 instituciones públicas y presidido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú), asumió la Secretaría Técnica, mientras que el proceso fue liderado desde la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONTRALAFT).
Este esfuerzo colectivo culminó con la aprobación de la Política al 2030 mediante el Decreto Supremo N° 010-2025-JUS, publicado el pasado 20 de junio. Se trata de un documento estratégico, validado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), y alineado a los estándares internacionales del GAFI.
En la ceremonia de presentación estuvieron presentes el superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Espinosa; el viceministro (e) de Justicia y presidente de la CONTRALAFT, Beyker Chamorro; y la superintendenta adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y vicepresidenta de la CONTRALAFT, María Fernanda García-Yrigoyen