Gobierno prevé invertir más de 800 millones de dólares en fortalecer el sistema penitenciario mediante endeudamiento externo
Nota de prensaSe construirán nuevos penales, se reducirá el hacinamiento y se fortalecerá el control y la seguridad en los establecimientos penitenciarios.
12 de junio de 2025 - 3:21 p. m.
El Gobierno peruano anunció hoy que se prevé una inversión de más 800 millones de dólares con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) como parte de la estrategia para consolidar el control del sistema penitenciario, reducir el hacinamiento y fortalecer la seguridad en los establecimientos carcelarios del país.
El anuncio lo hizo el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, como parte de su presentación ante el Pleno del Congreso, donde expuso la Política General del Gobierno en busca del voto de confianza.
Esta inversión permitirá i) construir el nuevo penal Ancón III, con capacidad para 3120 internos; ii) la construcción del nuevo Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios (CENECP) para la formación de 12 002 agentes penitenciarios, iii) el desarrollo institucional del modelo penitenciario a nivel nacional y iv) la construcción del medio libre en Ancón que beneficiará a 2023 personas que cuenta con libertad condicional, semilibertad o a través de otros programas de tratamiento y reinserción social.
A la par, en agosto se firmará el contrato de endeudamiento con CAF para financiar i) el penal de Colquepata, en Cusco, valorizado en 516 millones de soles, tendrá capacidad para 2530 personas privadas de libertad, ii) el establecimiento para procesados con 16 000 unidades de albergue; y iii) el penal de Régimen Cerrado Especial para 10 000 internos de alta peligrosidad.
De igual forma, detalló que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto con el gobierno regional de La Libertad, gestionó la transferencia de un terreno de más de 10 hectáreas en el distrito de Quiruvilca. En este espacio, ubicado a 4000 metros de altura, se construirá un penal para internos de alta peligrosidad.
Además, con recursos públicos, se continúa la ejecución del penal de Abancay, con una inversión de costo de la obra de 116 millones de soles. Esta obra sumará 785 nuevas unidades de albergue al sistema penitenciario nacional. Asimismo, manifestó que se reactivaron las obras de ampliación y rehabilitación en los penales de Arequipa y Pucallpa, entre ambas sumaran 2209 nuevas unidades de albergue, este año se habilitó presupuesto de 76.5 millones de soles, que permitirá lazar el procedimiento de selección.
Por otro lado, detalló que desde diciembre de 2025 se pondrá en marcha un servicio especializado de seguridad privada en dos penales con alta población. Con una inversión de 8 millones de soles, esta medida permitirá controlar el ingreso y salida de sustancias y artículos prohibidos.
El premier Eduardo Arana mencionó que, frente al avance del crimen organizado transnacional, el Gobierno está evaluando los mecanismos de cooperación bilateral para trasladar delincuentes extranjeros de alta peligrosidad a establecimientos penitenciarios extranjeros, incluyendo centros especializados como el CECOT de El Salvador. La medida busca descongestionar los penales, desarticular las redes criminales que operan desde las prisiones y reafirmar el principio de autoridad.
Acceso a justicia para los más vulnerables
Durante su intervención, el titular de la PCM también destacó los avances de la Defensa Pública, que cuenta con más de 2100 abogados y proyecta alcanzar más de 2 millones de atenciones legales gratuitas entre 2025 y julio de 2026. Este esfuerzo representa un ahorro estimado de 423 millones de soles para familias que no pueden pagar por una defensa privada.
Además, se anunció la inauguración de más de 20 nuevos Centros de Asistencia Legal Gratuita – ALEGRAs y MEGA ALEGRAs en regiones como Puno, Madre de Dios, Cajamarca, Amazonas, Ayacucho, La Libertad, San Martín, Áncash y Junín. Gracias a estas sedes descentralizadas, más de 1.4 millones de ciudadanos accederán a servicios legales de calidad, con enfoque intercultural y atención cercana a sus comunidades.
El premier remarcó que la seguridad ciudadana es un pilar clave para la paz social y el desarrollo del país. Por ello, anunció que en el próximo trimestre se aprobarán protocolos interinstitucionales consensuados entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, que permitirán la aplicación efectiva de la ley con enfoque articulado.
Arana ratificó que el Gobierno no destinará recursos públicos al pago de indemnizaciones ordenadas por tribunales internacionales a favor de personas sentenciadas por terrorismo. “Justicia, seguridad y legalidad para todos los peruanos”, reafirmó al cierre de su presentación.
El anuncio lo hizo el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, como parte de su presentación ante el Pleno del Congreso, donde expuso la Política General del Gobierno en busca del voto de confianza.
Esta inversión permitirá i) construir el nuevo penal Ancón III, con capacidad para 3120 internos; ii) la construcción del nuevo Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios (CENECP) para la formación de 12 002 agentes penitenciarios, iii) el desarrollo institucional del modelo penitenciario a nivel nacional y iv) la construcción del medio libre en Ancón que beneficiará a 2023 personas que cuenta con libertad condicional, semilibertad o a través de otros programas de tratamiento y reinserción social.
A la par, en agosto se firmará el contrato de endeudamiento con CAF para financiar i) el penal de Colquepata, en Cusco, valorizado en 516 millones de soles, tendrá capacidad para 2530 personas privadas de libertad, ii) el establecimiento para procesados con 16 000 unidades de albergue; y iii) el penal de Régimen Cerrado Especial para 10 000 internos de alta peligrosidad.
De igual forma, detalló que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto con el gobierno regional de La Libertad, gestionó la transferencia de un terreno de más de 10 hectáreas en el distrito de Quiruvilca. En este espacio, ubicado a 4000 metros de altura, se construirá un penal para internos de alta peligrosidad.
Además, con recursos públicos, se continúa la ejecución del penal de Abancay, con una inversión de costo de la obra de 116 millones de soles. Esta obra sumará 785 nuevas unidades de albergue al sistema penitenciario nacional. Asimismo, manifestó que se reactivaron las obras de ampliación y rehabilitación en los penales de Arequipa y Pucallpa, entre ambas sumaran 2209 nuevas unidades de albergue, este año se habilitó presupuesto de 76.5 millones de soles, que permitirá lazar el procedimiento de selección.
Por otro lado, detalló que desde diciembre de 2025 se pondrá en marcha un servicio especializado de seguridad privada en dos penales con alta población. Con una inversión de 8 millones de soles, esta medida permitirá controlar el ingreso y salida de sustancias y artículos prohibidos.
El premier Eduardo Arana mencionó que, frente al avance del crimen organizado transnacional, el Gobierno está evaluando los mecanismos de cooperación bilateral para trasladar delincuentes extranjeros de alta peligrosidad a establecimientos penitenciarios extranjeros, incluyendo centros especializados como el CECOT de El Salvador. La medida busca descongestionar los penales, desarticular las redes criminales que operan desde las prisiones y reafirmar el principio de autoridad.
Acceso a justicia para los más vulnerables
Durante su intervención, el titular de la PCM también destacó los avances de la Defensa Pública, que cuenta con más de 2100 abogados y proyecta alcanzar más de 2 millones de atenciones legales gratuitas entre 2025 y julio de 2026. Este esfuerzo representa un ahorro estimado de 423 millones de soles para familias que no pueden pagar por una defensa privada.
Además, se anunció la inauguración de más de 20 nuevos Centros de Asistencia Legal Gratuita – ALEGRAs y MEGA ALEGRAs en regiones como Puno, Madre de Dios, Cajamarca, Amazonas, Ayacucho, La Libertad, San Martín, Áncash y Junín. Gracias a estas sedes descentralizadas, más de 1.4 millones de ciudadanos accederán a servicios legales de calidad, con enfoque intercultural y atención cercana a sus comunidades.
El premier remarcó que la seguridad ciudadana es un pilar clave para la paz social y el desarrollo del país. Por ello, anunció que en el próximo trimestre se aprobarán protocolos interinstitucionales consensuados entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, que permitirán la aplicación efectiva de la ley con enfoque articulado.
Arana ratificó que el Gobierno no destinará recursos públicos al pago de indemnizaciones ordenadas por tribunales internacionales a favor de personas sentenciadas por terrorismo. “Justicia, seguridad y legalidad para todos los peruanos”, reafirmó al cierre de su presentación.