El MINJUSDH construyó infraestructura penitenciaria tras 10 años de desatención de los gobiernos
Nota de prensaDurante la gestión del ministro Eduardo Arana se entregaron 640 unidades de albergue gracias a la ampliación de penales
6 de abril de 2025 - 2:05 p. m.
Después de 10 años en los que no se atendió el problema público del hacinamiento de los penales en el Perú, este Gobierno rediseñó la política penitenciaria, y con ese propósito asignó un presupuesto inicial para ampliar la infraestructura de las cárceles. A finales del año 2024 se gestionó, a través de la Ley de endeudamiento, S/ 3 mil millones que serán invertidos este 2025, bajo la dirección del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la construcción de penales. Este monto será transferido al Estado peruano progresivamente según el avance efectivo de los proyectos penitenciarios.
Durante la presente gestión, de septiembre 2023 a marzo 2025 se entregaron 640 nuevas unidades de albergue producto de la ampliación de los penales de Puno, Lampa e Iquitos, además de un área especializada para internos con TBC en Chimbote. Están en plena ejecución las obras de ampliación de los penales de Iquitos y Abancay que sumarán en pocos meses más de 993 unidades de albergue, y el proyecto Medio Libre Surquillo con un avance físico de 72.4%.
Asimismo, el 1 de abril se inauguró el Primer Centro de Control y Monitoreo con Inteligencia Artificial en el Establecimiento Penitenciario Ancón I, con tecnología que permitirá un monitoreo constante y en tiempo real para reforzar la seguridad interna y evitar actividades ilícitas dentro del penal.
En etapa de expediente técnico se encuentran las ampliaciones de los establecimientos de Arequipa, Pucallpa, Piura, Ica, Trujillo, Moyobamba, Chincha y Chiclayo; en tanto se viene evaluando la construcción de los penales de Ancón III, Shumba (Cajamarca), Venado Pampa (Huánuco), Colquepata, (Cusco) y Bagua Grande (Amazonas). Todos ellos sumarán 22 102 unidades de albergue. Así también se encuentra en formulación y evaluación, un proyecto en Huacho destinado a albergar a 16,000 personas privadas de libertad en calidad de procesados en Lima y un proyecto destinado a albergar a 10,000 privados de su libertad con clasificación de alta peligrosidad a nivel nacional.
En el marco de la lucha frontal contra la criminalidad que involucra a todos los sectores, el pasado 18 de marzo el MINJUSDH invitó a los empresarios a sumarse a través de la modalidad de Obras por Impuesto y presentó un portafolio de 18 inversiones del INPE por S/1422 millones.
Las acciones concretas de deshacinamiento se han complementado con el impulso de normas que han logrado la creación del Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (PRONAPRES) cuyo objetivo es formular, ejecutar y supervisar inversiones públicas en infraestructura para el tratamiento resocializador de adolescentes en conflicto con la ley penal y adultos en el sistema penitenciario; la Estrategia Sectorial de Emergencia penitenciaria y el Plan de reestructuración del INPE, cuyo fin es optimizar su gestión institucional para garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales del Sistema Penitenciario Nacional.
Igualmente, el MINJUSDH, por intermedio del Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú – Eje Penal, viene desarrollando el proyecto de Sistema Integral de Gestión Penitenciaria, que implementará sistemas de información en las áreas de tratamiento, medio libre, seguridad, registro y salud penitenciaria de los establecimientos penitenciarios, para mejorar la gestión documental y de información. Su uso será obligatorio para las distintas instancias que conforman el INPE.
En la actual gestión se trabajaron diversas propuestas normativas para dar cumplimiento a la sentencia del TC y mantener el irrestricto respeto a los derechos humanos, entre los cuales están el Decreto Legislativo N°1585 que operativiza la aplicación de la vigilancia electrónica y el Decreto Legislativo N°1619 que establece disposiciones de carácter excepcional sobre la remisión condicional de la pena y beneficios penitenciarios.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reafirma la política penitenciaria que busca garantizar que no se cometan delitos desde y hacia los penales, consolida el principio de autoridad interna y externa, reeduca y resocializa a los internos, mejora la infraestructura y el equipamiento y, sobre todo, revalora la tarea que realizan nuestros agentes y personal penitenciarios en todo el país.
Durante la presente gestión, de septiembre 2023 a marzo 2025 se entregaron 640 nuevas unidades de albergue producto de la ampliación de los penales de Puno, Lampa e Iquitos, además de un área especializada para internos con TBC en Chimbote. Están en plena ejecución las obras de ampliación de los penales de Iquitos y Abancay que sumarán en pocos meses más de 993 unidades de albergue, y el proyecto Medio Libre Surquillo con un avance físico de 72.4%.
Asimismo, el 1 de abril se inauguró el Primer Centro de Control y Monitoreo con Inteligencia Artificial en el Establecimiento Penitenciario Ancón I, con tecnología que permitirá un monitoreo constante y en tiempo real para reforzar la seguridad interna y evitar actividades ilícitas dentro del penal.
En etapa de expediente técnico se encuentran las ampliaciones de los establecimientos de Arequipa, Pucallpa, Piura, Ica, Trujillo, Moyobamba, Chincha y Chiclayo; en tanto se viene evaluando la construcción de los penales de Ancón III, Shumba (Cajamarca), Venado Pampa (Huánuco), Colquepata, (Cusco) y Bagua Grande (Amazonas). Todos ellos sumarán 22 102 unidades de albergue. Así también se encuentra en formulación y evaluación, un proyecto en Huacho destinado a albergar a 16,000 personas privadas de libertad en calidad de procesados en Lima y un proyecto destinado a albergar a 10,000 privados de su libertad con clasificación de alta peligrosidad a nivel nacional.
En el marco de la lucha frontal contra la criminalidad que involucra a todos los sectores, el pasado 18 de marzo el MINJUSDH invitó a los empresarios a sumarse a través de la modalidad de Obras por Impuesto y presentó un portafolio de 18 inversiones del INPE por S/1422 millones.
Las acciones concretas de deshacinamiento se han complementado con el impulso de normas que han logrado la creación del Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (PRONAPRES) cuyo objetivo es formular, ejecutar y supervisar inversiones públicas en infraestructura para el tratamiento resocializador de adolescentes en conflicto con la ley penal y adultos en el sistema penitenciario; la Estrategia Sectorial de Emergencia penitenciaria y el Plan de reestructuración del INPE, cuyo fin es optimizar su gestión institucional para garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales del Sistema Penitenciario Nacional.
Igualmente, el MINJUSDH, por intermedio del Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú – Eje Penal, viene desarrollando el proyecto de Sistema Integral de Gestión Penitenciaria, que implementará sistemas de información en las áreas de tratamiento, medio libre, seguridad, registro y salud penitenciaria de los establecimientos penitenciarios, para mejorar la gestión documental y de información. Su uso será obligatorio para las distintas instancias que conforman el INPE.
En la actual gestión se trabajaron diversas propuestas normativas para dar cumplimiento a la sentencia del TC y mantener el irrestricto respeto a los derechos humanos, entre los cuales están el Decreto Legislativo N°1585 que operativiza la aplicación de la vigilancia electrónica y el Decreto Legislativo N°1619 que establece disposiciones de carácter excepcional sobre la remisión condicional de la pena y beneficios penitenciarios.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reafirma la política penitenciaria que busca garantizar que no se cometan delitos desde y hacia los penales, consolida el principio de autoridad interna y externa, reeduca y resocializa a los internos, mejora la infraestructura y el equipamiento y, sobre todo, revalora la tarea que realizan nuestros agentes y personal penitenciarios en todo el país.